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Choque de poderes en Venezuela:

Asamblea Nacional declara a Maduro en "abandono de cargo"

martes, 10 de enero de 2017

Jean Palou Egoaguirre
Internacional
El Mercurio

La resolución del Parlamento argumenta la "ruptura del orden constitucional" y exige una salida electoral a la crisis, pero el Tribunal Supremo objetó su validez.



En su movimiento más audaz en su pugna con el gobierno, la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó una resolución que declara al Presidente Nicolás Maduro en "abandono del cargo" por su responsabilidad en la crisis que vive Venezuela. La moción fue inmediatamente objetada por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que carece de efectos legales, pero se trata del desafío más contundente en contra del Mandatario por parte de una oposición que había perdido el rumbo y ahora busca retomar la iniciativa.

Según el texto, aprobado por los 106 votos de los diputados opositores (de 163 escaños del Parlamento), Maduro hizo abandono de las "obligaciones inherentes" de su cargo al estar "al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia". La declaración responsabiliza al Mandatario de "haber provocado una crisis sin precedentes en Venezuela", de haber promovido una "grave ruptura del orden constitucional y democrático", de la "violación de derechos humanos" y de la "devastación de las bases económicas y sociales de la nación", ante lo cual exige una salida electoral.

"La única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales", señala el acuerdo.

Al anunciar su aprobación, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, insistió en que el objetivo de esta resolución es que en Venezuela haya pronto una elección. "Se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se sugiere una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto. Ese es el llamamiento que hace esta Asamblea y nos corresponde a todos que este grito vaya a todos los rincones del país", señaló.

El debate tuvo momentos de alta tensión, con acusaciones de lado y lado. "Esto es un gobierno fallido, por eso hay abandono del cargo. No le sigan metiendo presión a esa caldera", dijo en su intervención el diputado opositor Henry Ramos Allup, ex presidente del Parlamento, a quien le respondió el diputado chavista Pedro Carreño: "Cuando satanizan las acciones del Presidente están reconociendo implícitamente que está gobernando. Es una opera bufa más", afirmó.

Poco antes de someter el texto a votación, la Asamblea Nacional tomó la precaución de desvincular oficialmente a tres diputados suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para así superar la situación de "desacato" en que había declarado al Legislativo y que no pudiese utilizarse ello como pretexto para bloquear la resolución. No obstante, el TSJ -dominado por el oficialismo- igualmente se apuró en declarar que el Parlamento carece de facultades para destituir al Presidente de la República y le pidió abstenerse de "dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales".

La Carta Magna de Venezuela contempla la falta absoluta del Presidente frente a causas como su muerte, incapacidad física o mental, renuncia, destitución decretada por el TSJ, la revocación popular de su mandato -a través de un referéndum- y el "abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional". No obstante, cualquier declaración en ese sentido choca contra un muro, ya que el TSJ debe pronunciarse sobre su legalidad, y hoy está totalmente alineado con el chavismo.

Según explica a "El Mercurio" la experta constitucionalista Cecilia Sosa, ex presidenta del TSJ, la interpretación de la Asamblea tiene la dificultad de que se aleja del concepto del abandono por ausencia física para buscar la responsabilidad política de Maduro, y para que tenga consecuencias jurídicas, tiene que haber una "prueba de gravedad" que no se aceptará en el actual contexto. "Pareciera que la fuerza de la resolución es más política que jurídica", afirma.

"Me da la impresión que la Asamblea Nacional está tratando de recuperar una legitimidad que había perdido como consecuencia de haberse enfriado el movimiento de calle", afirma Sosa, aludiendo al "actuar errático" de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el fracasado referéndum revocatorio y en el diálogo con el gobierno. "Creo también que la Asamblea está desafiando el poder del TSJ y del gobierno con esta decisión (...) Es una provocación política de hasta dónde están dispuestos a llegar. 'Quítense la careta y disuelvan la Asamblea', están diciendo. Al provocarlos para que lo hagan, quien pierde a todo evento sería la apariencia democrática del gobierno de Maduro", añade.

Para el analista político Ricardo Sucre, quien también duda que prospere jurídicamente la resolución, el objetivo de la oposición es presionar "por una ruptura en el bloque de poder" compuesto por el Ejecutivo, los órganos judiciales y las FF.AA., para "debilitar al gobierno y lograr una transición". La declaración, por otro lado, tiene una clave interna en la debilitada MUD, que en los últimos meses ha mostrado sus grietas y se ha desconectado de sus seguidores. "Entre los opositores hay una especie de rabia con desesperanza hacia la MUD", señala el experto, quien apunta a que al desafiar a Maduro la alianza opositora podría recuperar su impulso.

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón, dijo ayer que "fracasó" el diálogo entre el gobierno y la oposición.

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