Querellas "parlamentarias" en causas que involucran a políticos generan intenso debate entre abogados
lunes, 19 de diciembre de 2016
A. Chaparro y J. J. Suzuki
Nacional
El Mercurio
Por una parte, hay quienes ven en estas acciones un intento por colaborar en el esclarecimiento de los hechos; pero otros advierten, al menos, un riesgo por su eventual uso político.
En 2014, el diputado Osvaldo Andrade y un grupo de parlamentarios del PS se querellaron en el caso Penta, en el que se investiga el financiamiento irregular del holding -y otras grandes empresas- a campañas políticas. Al año siguiente, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) hizo lo mismo en el caso SQM, mientras que sus pares Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards (RN) también accionaban judicialmente en el caso Caval. Los políticos subieron al banquillo de los acusados, pero en algunas investigaciones también se sentaron del lado de los denunciantes junto al Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Una de las acciones penales más recientes, del tipo "parlamentario", es la que presentó el diputado Gutiérrez contra el ex Presidente Sebastián Piñera, por las inversiones realizadas por Bancorp en Perú durante el juicio de La Haya. No es un fenómeno nuevo. Ya ocurría en la época del caso MOP-Gate en la década del 2000 con la querella de los diputados Marcelo Forni, Víctor Pérez y la entonces senadora UDI Evelyn Matthei. Pero en los últimos años -quizá por la cantidad de investigaciones abiertas, dicen algunos- estas acciones parecieran haberse hecho más frecuentes o visibles. El Colegio de Abogados no tiene oficialmente una posición respecto de este tipo de querellas, comenta su presidente, Arturo Alessandri. Pero hay, según recuerdan otros miembros de la orden, una regulación en el Código de Ética relativa al impedimento que tienen los legisladores, cuando son abogados, para ejercer la profesión en juicios ante los tribunales. Mientras, en la comunidad jurídica las opiniones están divididas. Están quienes ven en estas acciones un intento por colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Pero hay otros profesionales que observan, al menos, un riesgo por su eventual uso político. No pueden asumir patrocinio En su artículo 66, el código establece que "el abogado que ejerza el cargo de parlamentario no podrá asumir el patrocinio ni la representación de intereses ante los tribunales de justicia, aun en caso de recaer la causa en una materia de interés público". Ahora, el abogado y profesor de derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD) Pedro Pablo Vergara, quien además es vicepresidente del Colegio, advierte que "desde un punto de vista estrictamente jurídico hay que distinguir si es que el diputado o senador actúa como querellante o como abogado". "Si actúa -añade- como mero ciudadano ejerciendo una acción pública, no hay impedimentos, salvo los propios de la acción que interponga; esto es, debe tratarse de una acción penal pública o ser ellos titulares de la acción privada". Esto último, el ejercicio de una acción pública, es lo que ha ocurrido hasta ahora en las investigaciones en curso. "Puede convertirse en un problema" Sin embargo, para Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales (UDP), esta práctica puede tornarse compleja. "Creo que se puede convertir en un problema si las querellas se usan como herramienta política", dice. A su juicio, es probable que deban otorgarse "mayores facultades a los jueces (de garantía) para declararlas (las querellas) inadmisibles, cuando no describan hechos precisos que sean constitutivos de delitos", dado que hoy -según su visión- "el control de admisibilidad del juez no es tan preciso, no está pensado para evitar su utilización frívola". Añade el académico que "en los casos en que el querellante no es la víctima, sino que actúa en nombre del interés público, podría existir un cierto control de que eso es así. Además debiera admitirse un solo querellante". En tanto, el hecho de que la Cámara de Diputados tenga una atribución fiscalizadora hace que también exista otra aprensión. El profesor Vergara plantea que el Código de Ética, en su artículo 69, dispone que el abogado, que desempeñándose en un organismo público y no esté impedido de ejercer libremente la profesión, no podrá en esta última calidad intervenir en ningún asunto que se refiera a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por él o por el organismo público al cual pertenezca. "Esta norma es relevante tratándose de los diputados, dado el rol fiscalizador que les otorga la ley (Título V de la Ley Orgánica del Congreso)", asevera el académico de la Universidad del Desarrollo.
En el último tiempo ha crecido el número de querellas presentadas por parlamentarios.
