Con credencial hay más beneficios
sábado, 03 de diciembre de 2016
Línea Directa Comunidad
El Mercurio
Quienes presentan alguna deficiencia física, mental o sensorial deben acreditar su condición para que queden en un registro nacional y puedan acceder a ayudas especiales.
Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Chile hay un total de 2.606.914 ciudadanos mayores de 18 años en tal condición, lo que representa el 20% de la población, conforme al último Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015 del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de quienes, teniendo una o más deficiencias (físicas, mentales por causa psíquica o intelectual, o sensoriales de carácter temporal o permanente), al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ven impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. Según explican en la Compin Regional, la Ley 20.422 de 2010 establece normas para su plena inclusión social y contempla una serie de programas y beneficios a los que pueden acceder con la credencial de discapacidad que entrega el Registro Civil. Para determinar alguna de estas condiciones, la persona es evaluada en la Compin o la red pública de salud. Este proceso permite determinar la deficiencia que provoca la discapacidad, las aptitudes y habilidades que conserva el individuo y las que puede desarrollar, como también sus aspectos de personalidad y del entorno familiar. Asimismo, se fijan los lineamientos generales para su rehabilitación y la periodicidad con la que tiene que ser reevaluado a fin de mantener un informe actualizado. Para acreditar la discapacidad se debe llenar un formulario con los datos de la persona que será evaluada, firmado por el interesado, por quienes lo representan o las entidades que lo tengan a su cargo. Luego, el equipo de salud completa el Informe Biomédico Funcional y se anexan todos los antecedentes clínicos que respalden los diagnósticos informados. Lo mismo debe hacer un asistente social con el Informe Social y de Redes de Apoyo. Si el solicitante es beneficiario de pensión de algún sistema, se tiene que adjuntar la última liquidación de pago y fotocopia de resolución de invalidez. Otros documentos requeridos son el certificado de nacimiento, fotocopia de la cédula de identidad del solicitante y el cuidador (si existe), la acreditación de domicilio y el informe de desempeño elaborado en la Compin o red pública. Solo estos organismos certifican la discapacidad y su resolución es enviada al Registro Civil para la respectiva inscripción. Este carné permite optar a múltiples beneficios sociales como rehabilitación, ayudas técnicas, subsidios habitacionales, pensiones, derecho a estacionamiento e importación de vehículos adaptados, entre otros. Los aspectos que se analizan son el porcentaje de discapacidad global, su causa principal, vigencia de la certificación y existencia o no de movilidad reducida. Como precisan en la Compin Regional, esta evaluación es voluntaria y la credencial que el beneficiario recibe en su domicilio le sirve para acreditar que está inscrito en el respectivo registro. La vigencia del documento la determina la comisión, aparece en el mismo documento y puede ser indefinida o definida. Cuando finaliza el plazo, el usuario puede realizar una reevaluación de su situación. Flor Castillo tiene un hijo discapacitado mental y ambos viven en Argentina. Periódicamente lo trae a evaluación ante la Compin, ya que la certificación le sirve al padre del joven para cobrar beneficios en la empresa donde presta servicios. Contar con una credencial también es importante, por ejemplo, para estacionarse en los lugares reservados para discapacitados. Conforme a la Ley de Tránsito, los beneficiarios deben colocarla en un lugar visible, al interior de vehículo. Las multas para los transgresores van de 1 a 1,5 UTM. En la Compin Regional aseguran que el interesado tiene la facultad de realizar una reevaluación una vez al año con los mismos antecedentes ya presentados, pero si existen otros nuevos que justifiquen un cambio de su situación, el beneficiario podrá efectuar cuantas reevaluaciones estime convenientes.
La evaluación se efectúa a petición del afectado, de las personas que lo representen o de quienes lo tengan a su cargo.
