"Los funcionarios policiales poseen un ámbito de discrecionalidad amplio para rechazar a personas en la frontera"
viernes, 02 de diciembre de 2016
Gabriel Pardo
Nacional
El Mercurio
El experto dice que se prevé un aumento continuo de la migración hacia Chile, por lo que se deben establecer políticas públicas con prontitud.
Jaime Esponda Fernández es el asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la que se encuentra en 150 países, y dice que Chile aún tiene tiempo, pero no demasiado, para establecer políticas que permitan responder al aumento de la migración. Desde esa entidad advierte que si bien los flujos migratorios hacia Chile se han más que duplicado en los últimos diez años, "en términos absolutos, la cantidad de inmigrantes no es proporcionalmente extraordinaria". De acuerdo al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, solo 2,7% de la población en el país es inmigrante. Esponda dice que este es "un porcentaje menor que el de otros países de América Latina. Desde luego, EE.UU. y Canadá han continuado siendo el principal destino de los emigrantes de América Latina y el Caribe, y el Estado sudamericano que continúa recibiendo una mayor cantidad de inmigración intrarregional es Argentina. Y debemos pensar en Costa Rica, que ha recibido flujos desde Nicaragua, Colombia y Cuba, que llevan a que casi el 10% de la población sea de migrantes, causando verdaderas crisis migratorias". A juicio del abogado, "ello no ocurre en Chile, aunque la perspectiva es de un aumento continuo de la inmigración, lo cual otorga al país tiempo, aunque no mucho, para preparar políticas públicas que permitan responder a esa demanda creciente, aprovechando todas las ventajas que las migraciones deparan a los países". Esponda -quien fue director de la Oficina Nacional de Retorno de exiliados políticos a Chile y jefe de Derechos Humanos de la Misión de la ONU en Guatemala- ve factible la promulgación de una nueva Ley de Migraciones. "Los últimos gobiernos han manifestado su voluntad de reformar la legislación, lo cual revela que existe un consenso en la necesidad de una nueva ley migratoria, que cumpla los estándares jurídicos y técnicos propios de las legislaciones modernas. En ello, la OIM ha colaborado con las dos últimas administraciones. Han trascendido las razones del retraso del actual anteproyecto de ley migratoria, y haber escuchado al subsecretario del Interior hablar de un proyecto de ley que superaría dichas razones nos llena de esperanza", dice. -El jefe de la PDI en el Aeropuerto de Santiago afirma que la legislación actual es permisiva porque una persona irregular puede obtener una visa para trabajar aun cuando está en esa condición. ¿Está de acuerdo en que hay mucha permisividad? -Estimamos que, pese a que la legislación actual es más bien restrictiva, la buena voluntad de la autoridad administrativa ha ido permitiendo destrabar algunos problemas que se presentaban a inmigrantes cuyo propósito es trabajar en nuestro país, y que los criterios que se aplican para la concesión de visas de residencia temporal no son más o menos permisivos que en otros países. Las razones por las cuales se requiere una nueva legislación son de otro carácter. -¿En qué aspectos Chile tiene falencias en el trato de los migrantes? -Estimamos que, en general, la sociedad chilena acoge bien a los migrantes y que sus funcionarios públicos actúan con buena voluntad para superar las limitaciones derivadas de la actual legislación; pero estas han tenido efectos negativos para el goce de derechos sociales como la salud y la vivienda, para cuyo término no basta con aquella buena voluntad, sino también con un nuevo marco jurídico que sea el escenario propicio para la ejecución de políticas públicas inclusivas, que no dependan del gobierno de turno. -¿Qué medidas cree que debería tomar Chile para recibir a personas de otras latitudes, pero cuidando sus fronteras del delito? -Hay que dimensionar el problema en términos realistas. De acuerdo a la actual legislación, los funcionarios policiales poseen un ámbito de discrecionalidad amplio para rechazar a personas en la frontera, lo cual explica que este año, hasta el 30 de junio, 2.487 migrantes habían sido expulsados administrativamente. Y pareciera que ese control supera las expectativas, lo cual queda en evidencia por la circunstancia de que el 99 % de los migrantes son gente honesta, que trabaja y aporta al país, y que solo un ínfimo porcentaje delinque, en proporción menor al porcentaje de ilícitos cometidos por nacionales. En consecuencia, las medidas destinadas a impedir la delincuencia transnacional se deben concentrar en un trabajo de inteligencia policial preventivo, en colaboración con los demás gobiernos. -¿Qué aspectos importantes debería contemplar el nuevo proyecto de migraciones? -Como organismo internacional, estimamos que, en primer lugar, una ley migratoria debe cumplir con los estándares mínimos de derechos humanos, contemplados por los instrumentos internacionales de los que el Estado de Chile es parte, incluida la Convención Internacional sobre los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares. En segundo lugar, ser el contexto propicio a una política migratoria de carácter interministerial, que permita la inclusión de los migrantes en la sociedad. "Los criterios que se aplican para la concesión de visas de residencia temporal no son más o menos permisivos que en otros países".
"Las medidas para impedir la delincuencia transnacional se deben concentrar en un trabajo de inteligencia policial preventivo, en colaboración con los demás gobiernos".
