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Apoyo fiscal al emprendimiento

miércoles, 26 de octubre de 2016

Economía y Negocios


Hernán Cheyre V.
Instituto del Emprendimiento
U. del Desarrollo

En el marco de la estrechez presupuestaria que se enfrenta para 2017, el Gobierno ha querido dejar constancia de su compromiso con la actividad emprendedora presentando un presupuesto para el ministerio de Economía más expansivo que el promedio general: 4,1% versus2,7%. Si bien detrás de estas cifras está la intención de entregar una señal concreta de apoyo al emprendimiento, la innovación y las mejoras en productividad –lo cual es entendible en la lógica de contribuir a atenuar incertidumbres-, yerra en la base si se está considerando que los programas públicos y los subsidios son el factor fundamental para impulsar un cambio. En una economía de mercado lo importante no es la cuantía de recursos fiscales que se destine a apoyar y subsidiar a emprendedores y pymes, sino que la existencia de un entorno adecuado que impulse el despliegue de la iniciativa privada con su máximo potencial. Y en eso, lamentablemente, el Gobierno está al debe.

No cabe duda de que cuando hay problemas de coordinación, asimetrías de información y externalidades que dificultan el desenvolvimiento de la actividad emprendedora, la ayuda del Estado tiene un importante rol complementario que jugar, pero en ningún caso se debe intentar reemplazar al mercado como el instrumento fundamental para asignar los recursos. Los programas públicos de apoyo al emprendimiento, no obstante las buenas intenciones subyacentes, conllevan el riesgo no solo de impulsar actividades y proyectos en forma artificial, sino que también de generar dependencia del financiamiento estatal de parte de quienes están siendo apoyados, los que nunca logran sostenerse por sí mismos.

Pero además de los problemas ya mencionados, es necesario abordar el tema de la efectividad de los distintos programas, en cuanto a su impacto real y eficacia para lograr los objetivos buscados. Cuando las iniciativas de apoyo al emprendimiento empiezan a canalizar un volumen creciente de recursos públicos a través de los años –entre 2014 y 2016 el presupuesto del ministerio de Economía se ha incrementado un 35%, de acuerdo a las cifras oficiales-, existe el riesgo de empezar a perder foco, diluyéndose los esfuerzos y enfrentándose rendimientos decrecientes. Si a ello se agrega que la institucionalidad bajo la cual operan las agencias estatales conduce a que los responsables de la ejecución presupuestaria actúen presionados por “colocar” la totalidad de los recursos que les fueron asignados –de lo contrario, estarían incumpliendo con el mandato de ejecución que les asigna la ley de presupuestos respectiva-, se hace muy difícil controlar que el destino final de los fondos sea el más adecuado.Y éste no es un problema que afecte a esta administración en particular, sino que es aplicable a cualquiera que deba hacerse cargo de la administración de un volumen creciente de recursos públicos. Son muchas las agencias y reparticiones estatales que están enfrentando serias dificultades operativas –la opinión pública ha conocido varios casos en las últimas semanas-, lo cual es reflejo de que el aparto público bajo su actual estructura ya no da más. El chasis que lo soporta no es el adecuado para los volúmenes de recursos que se están administrando ni tampoco para los desafíos que impone el siglo XXI. Por tanto, mientras no se cuente con mecanismos y herramientas de evaluación de los programas de apoyo al emprendimiento adecuados, bajo un marco institucional más flexible, continuar aumentándola inyección de recursos en forma inercial tiene el riesgo evidente de desviarse del objetivo buscado, lo cual termina afectando la productividad en forma negativa.

Con todo, no se debe perder de vista que el elemento fundamental requerido para promover el emprendimiento y la innovación debe ser la existencia de un entorno adecuado para el desenvolvimiento de la iniciativa privada, con regulaciones que ayuden a un mejor funcionamiento de los mercados, pero que no ahoguen el impulso emprendedor. En este sentido, la existencia de mercados competitivos es un factor de vital importancia que debe ser promovido por el Estado, y en esa línea hay amplio espacio para la acción estatal, y son muchos los frentes en los que falta avanzar. Una legislación adecuada para castigar los actos contrarios a la libre competencia ciertamente es algo muy necesario, pero el tema va más allá de ello: lo que más se requiere es la existencia de bajas barreras a la entrada a los distintos sectores e industrias, de manera que los operadores incumbentes en los mercados puedan ser “desafiados” por nuevos emprendedores.

Los programas públicos de apoyo al emprendimiento y la innovación son un buen complemento, pero no sustituyen a las condiciones globales de entorno, entre las cuales en la discusión pública suele destacarse el ámbito tributario y la regulación laboral, pero que van mucho más allá de estos casos específicos. Es efectivo que las reformas que se han implementado en estos campos han provocado problemas e incertidumbres que ya son de sobra conocidos, con un efecto sobre la inversión que nadie podría catalogar de despreciable. Pero, a fin de cuentas, lo que se necesita es una atmósfera pro emprendimiento, pro inversión, y pro mercado en general. La agenda gubernamental que se ha estado aplicando carece de este requisito básico, cuestionándose permanentemente la legitimidad del lucro y promoviéndose una creciente participación del Estado en distintos ámbitos del quehacer económico. Mientras esto no se despeje, poco es lo que se gana aumentando el presupuesto fiscal orientado a promover el emprendimiento y la innovación.

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