Según estadísticas de 2016 entregadas por el Ministerio Público:

Denuncias por violencia intrafamiliar superan las 93 mil en últimos nueve meses

domingo, 23 de octubre de 2016
ANDREA CHAPARRO Y CAROLINA ACUÑA
Nacional
El Mercurio

Tasa de condena, sin embargo, solo alcanza alrededor del 10% en el período, y la fiscalía trabaja en un nuevo foco para abordar estos hechos, concentrándose en el caso de cada víctima, más que en los tipos penales que puedan aplicarse.

Setenta mujeres fueron asesinadas en un contexto doméstico en las distintas regiones del país y las denuncias por lesiones superaron las 40 mil, según cifras entregadas por el Ministerio Público sobre violencia intrafamiliar (VIF) correspondientes a los últimos nueve meses de este año. En total, este tipo de delitos -incluidos estos y las amenazas o el maltrato habitual- suman en el período 93 mil 357.

La tasa de condenas, sin embargo, llega con dificultad a rozar el 10% cada año.

Una de las razones que explican este fenómeno en causas VIF es que el o la denunciante muchas veces se desiste, dicen en el Ministerio Público. Y sin su testimonio resulta difícil conseguir una sanción para el agresor.

También que en sede penal -agregan- el estándar probatorio es más alto que en los tribunales de familia, dado que al juez de garantía debe convencérselo "más allá de toda duda razonable". Y otro factor es la deficiente red pericial existente.

"La ley de VIF, que ya tiene más de 10 años implementada, no generó recursos para evaluar a la víctima", afirma María Angélica San Martín, directora de Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional.

En opinión de la abogada del Ministerio Público, "para ser serios, hay que decirle a la ciudadanía que para perseguir (penalmente) la violencia psicológica habitual como delito, el Estado tiene que crear institucionalidad. No es real que si la señora no quiere seguir, yo puedo acreditarlo igual, como fiscalía".

Deficiencia en red pericial

"Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente".

Esa es la definición que entrega la Ley 20.066 para violencia intrafamiliar, y aunque siempre hay aspectos perfectibles, también en las ONG piensan que el problema está en su acreditación.

Así lo entiende Silvana del Valle, coordinadora nacional de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, y es por eso que -dice- "no nos sorprenden las cifras". "Las dificultades probatorias en este tipo de delitos abundan, pues la violencia intrafamiliar no se da a plena luz del día; aquí no hay más testigos que los hijos y la propia víctima", comenta. Y agrega que el contexto en que ocurre la violencia, el hogar, hace necesario que en el caso de maltrato habitual (psicológico), por ejemplo, "la persecución de este delito ponga más énfasis en las pruebas psicológicas, los análisis médicos que aborden las secuelas de esta".

Del Valle advierte, no obstante, lo mismo que plantea el Ministerio Público en esta materia: "Se requiere mayor voluntad política". Pero suma un segundo elemento: a su juicio, falta "un cambio de paradigma en la manera de investigar estos casos".

Expectativa difícil de cumplir

Para el abogado Juan Pablo Hermosilla, "lamentablemente no se le da la importancia que requiere el tema". Y si bien piensa que es necesaria "una política criminal dura", cree que también es clave "una política comunicacional eficiente que muestre la realidad de la violencia de género y dé cuenta de una dura respuesta de la sociedad y el Estado".

"La violencia de género e intrafamiliar -apunta- es un problema de los hombres que no se conforman con mujeres y niños como sujetos de derecho", y "debe ser enfrentado con políticas de Estado firmes y resueltas".

Hoy existe en el Congreso un proyecto de ley que busca introducir mejoras a la actual legislación de violencia intrafamiliar. Pero los operadores del sistema ven con desconfianza algunas de las modificaciones que se pretende incorporar. Por ejemplo, la creación de nuevos tipos penales o delitos.

Desde la Fiscalía Nacional, San Martín afirma que les preocupan las legislaciones sin recursos aparejados para una institucionalidad adecuada: para aumentar la dotación de investigadores o dotar al sistema de una red pericial; o bien, de fondos para realizar análisis especializados en la red privada. Esta inquietud les fue comunicada a los parlamentarios mediante un oficio el mes pasado, que de alguna manera da a entender que esta ley en su diseño actual puede generar una expectativa prácticamente imposible de cumplir.

El caso por sobre el delito

Ahora, independiente de lo que suceda con la modificación legal, la fiscalía trabaja en nueva metodología para abordar estos casos, poniendo el foco en lo que las víctimas esperan del sistema, más que en los tipos penales que puedan aplicarse a las conductas de agresión que ellas describen.

La semana pasada, fiscales especializados en delitos de este tipo participaron de unas jornadas en las que, de manera inédita, escucharon el testimonio de una víctima que, junto con relatar su experiencia (su proceso terminó hace dos años), les enumeró las distintas falencias que, a su juicio, tuvo el sistema en su caso.

Sirvió como una "una re-toma de conciencia. Somos servidores públicos, y la calidad del servicio que prestamos a la víctima es muy importante", dice San Martín.

Por ejemplo -cuenta-, una cosa que les dijo esta víctima es que "desde la acción de la fiscalía, ella quería que se sancionara el maltrato habitual (violencia física o psicológica que no se constató en su oportunidad), porque ese era su relato completo, y no solo las dos lesiones denunciadas al final. Quería que se hiciera justicia a la historia. Encontraba que como operadores solo nos concentramos en los últimos hechos, en dos delitos, que nos faltó visibilizar su relato integralmente. Esa era una de sus críticas".

"El mensaje para los fiscales creo que fue que había que hacer justicia para el caso de cada víctima, más que para los tipos penales (delitos) que emerjan más evidentemente", reflexiona la abogada. Una mirada que desde las ONG respaldan y consideran una buena iniciativa: "si un caso de violencia intrafamiliar no se analiza a largo plazo, puede generar mayor sensación de impunidad para la víctima", explica Del Valle.

77
por ciento del total de personas afectadas por violencia en un contexto doméstico durante 2016 son mujeres. El 23%, hombres.

"Hay que decirle a la ciudadanía que para perseguir (penalmente) la violencia psicológica habitual como delito, el Estado tiene que crear institucionalidad".
MARÍA ANGÉLICA SAN MARTÍN,
Directora de Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía
Nacional.

"Creo que se requiere una política criminal dura (...) Se trata de un problema muy grave que debe ser enfrentado con políticas de Estado firmes y resueltas".
JUAN PABLO HERMOSILLA,
Abogado