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"Prehistoria" del bochorno protagonizado por el Registro Civil y el Servel:

Primeros indicios sobre dificultades con domicilios de votantes surgieron en 2011

domingo, 23 de octubre de 2016


Reportajes
El Mercurio

Cinco años atrás, durante el debate de la ley de inscripción automática y voto voluntario, un cruce de datos solicitado por senadores encendió las alarmas respecto de los puntos débiles de la información que estaba en poder del Registro Civil: se descubrieron miles de personas fallecidas que contaban con cédulas de identidad vigentes y errores en un tercio de las direcciones electorales revisadas. Marcelo Pinto



Es el oficio número 2.380 y el Servel lo despachó el 25 de agosto de 2010. Lleva la firma de Juan Ignacio García, director de ese organismo por 35 años, y cobra plena actualidad hoy: en medio de la controversia por las fallas descubiertas en el padrón electoral y justo cuando el país afronta los comicios municipales.

A través de aquel documento enviado hace seis años, el Servicio Electoral pidió al Registro Civil (SRCeI) datos sobre los "runes" (roles únicos nacionales) de 4.556.708 personas. Todo ello, como parte de los aprontes para encarar la ley de inscripción automática y voto voluntario que entonces se aprestaba a tramitar el Congreso.

El Registro Civil, hoy en la estacada por cambiar erróneamente los domicilios electorales de casi medio millón de personas, tardó un año en responderle a García. Lo hizo mediante otro oficio, cuya información inquietó al Servel: había 996.592 "runes" sin datos, 3.369.828 cédulas de identidad no informadas, 190.288 "registros con datos inconsistentes" y 1.394.498 "defunciones" sin notificar.

La raíz de las dudas

García esgrimió los resultados del oficio 2.380 en el Congreso. Lo hizo en una sesión de las comisiones unidas de Gobierno y Constitución del Senado, en agosto de 2011. Frente a los legisladores, quienes a esas alturas ya discutían el proyecto de inscripción automática y voto voluntario, dijo que su organismo venía revisando desde hacía "largo tiempo" esa iniciativa. Y que tenía "observaciones" técnicas respecto de la "intervención del Servicio de Registro Civil en materia de domicilio (electoral)".

Más de un lustro después, los problemas en el padrón hicieron resurgir las suspicacias hacia el SRCeI. Dudas que esta semana escalaron al punto de que Javiera Blanco, ministra de Justicia y superior jerárquica de ese organismo, fue removida, como parte de un ajuste ministerial que no estaba en los planes del Ejecutivo.

Las interrogantes que aguijoneaban a García en 2010 -respecto de si funcionaría un cruce de información sobre los domicilios electorales entre el Servel y el Registro Civil- emergieron con fuerza en el debate del proyecto de inscripción automática y voto voluntario. Y quedaron plasmadas en actas y minutas que hoy forman parte de la historia de esa norma.

Las "profecías" de Alvear y Zaldívar

En esos documentos hay, incluso, planteamientos que parecen cobrar un cariz "profético", a la luz de los últimos episodios. Como una intervención del senador Andrés Zaldívar (DC) en la Cámara Alta, en octubre de 2011. "Hago presente este asunto porque el día de mañana, si se produce un problema, no quiero ser parte de la responsabilidad por no haberlo manifestado en su momento", dijo entonces Zaldívar, mientras él y sus pares abordaban la cuestión de los "datos domiciliarios".

"Pasa a ser responsabilidad del Gobierno que el día de mañana no tengamos un desaguisado o una dificultad por la falta eventual de domicilios", coincidió su entonces colega Soledad Alvear, también DC.

El Registro Civil y el tema de los domicilios de los electores estuvieron presentes desde la primera hora en la discusión de esa reforma. De hecho, el texto original de la iniciativa contemplaba que, con motivo de la renovación de la cédula y del pasaporte, la repartición informara al interesado su dirección electoral y le diera la opción de actualizarla.

Al calor del debate, los senadores abordaron reiteradamente la necesidad de generar un mecanismo para "refrescar" los domicilios, así como el rol que en ello le cabría al Registro Civil.

En un informe de las comisiones unidas del Senado que examinaron el tema, se lee: "El domicilio será consultado activamente por el Registro Civil al renovar la cédula o pasaporte, actualizándolo". Pero a renglón seguido se hacía hincapié en que esto se haría solo "en los casos que sea necesario".

El primer campanazo acerca de los problemas que venían, lo dio la respuesta al oficio 2.380 del Servel al SRCeI. A partir de la información allí expuesta, los senadores empezaron a impacientarse. Como Isabel Allende (PS), quien previno: "Los datos que hasta ahora se han entregado (...) no son concordantes (...). Es necesario que el sistema provea los mecanismos para que cada ciudadano ejerza su derecho a sufragio donde efectivamente reside".

Registro Civil supo desde el comienzo

Desde un comienzo, el Registro Civil estuvo al tanto de esas aprensiones. Entre otras razones, porque el entonces director Rodrigo Durán fue al Legislativo por el trámite del proyecto. En la sesión del 11 de agosto de 2011, ante las comisiones unidas del Senado, advirtió que su entidad no tenía la "obligación de mantener un catastro de los domicilios". Pero dijo que contaba con esos datos, al requerirlos en los trámites de carné y pasaporte.

El paso clave para despejar las sospechas en torno a la fiabilidad de la información del Registro Civil se dio en esa misma jornada, cuando Alvear y Zaldívar pidieron que se contrastaran los datos disponibles entre esa repartición y el Servel. Para demostrar "el efectivo calce de los domicilios registrados", como anotó el senador.

El enigma quedó despejado un mes más tarde. El 12 de septiembre de 2011, los miembros de la Cámara Alta conocieron el resultado del ejercicio y quedaron todavía más preocupados.

En nombre del Registro Civil, Durán dijo que su entidad disponía de "un número importante" de domicilios registrados, "por lo que el proyecto puede implementarse". También estaba presente su contraparte, Elizabeth Cabrera, subdirectora del Servel.

Con los datos provenientes del SRCeI, el Servel detectó 10.070 casos de cédulas vigentes que tenían inscripción electoral cancelada por defunción. Y 328.126 personas con inscripciones al día... pero que no "venían" en la información del Registro Civil.

En materia de domicilios, se pesquisaron "inconsistencias" a nivel de comunas y regiones: "Comunas que no existen", "regiones que no existen" y "direcciones sin comuna", entre otras.

"Mala calidad del dato"

Acerca de los "muertos" que descubrió el Servel, el SRCeI admitió más tarde que en 9.825 de los casos había efectivamente una "defunción registrada". Respecto del otro grupo, también entregó datos relevantes. Como aquel de que entre las identidades omitidas preliminarmente había casi 50 mil ciudadanos con cédulas al día.

Una de las informaciones más preocupantes, sin embargo, provino de un análisis paralelo del Servel. Este tomó "datos entregados por el Registro Civil" y cotejó su validez con las respectivas circunscripciones electorales, a partir del "último domicilio registrado" en este servicio. Así, se estableció una correspondencia en el 67% de los casos. En cambio, "para el 33% restante fue imposible por la mala calidad del dato relativo al domicilio", dijo Cabrera. E hizo un cálculo: "Ello, aplicado a las 5 millones de personas que ingresarían a los registros electorales (por la inscripción automática), arroja que cerca de 1 millón 600 mil personas quedarían erróneamente vinculadas respecto del domicilio".

Fue en ese minuto que el entonces subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, sugirió a los senadores la opción de presentar un proyecto acotado para que el Servel pudiera "acceder a los datos electorales de las personas registradas en el Registro Civil", con el propósito de realizar estudios y pruebas.

En el debate de esa ley "corta", despachada en diciembre de 2012, renacieron las dudas frente al tema de los domicilios. La senadora Allende, por ejemplo, advirtió: "No estoy del todo convencida que (esta ley) vaya a solucionar el problema de la existencia de un tercio de personas sobre las cuales no hay información exacta".

El regreso del "espectro"

En aquel minuto, el Gobierno confiaba en que las providencias adoptadas conjurarían cualquier problema en el futuro. "No será un nuevoTransantiago", prometió entonces el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet.

Pero el "fantasma" de las complicaciones siguió rondando. Al extremo de que esa misma administración debió presentar nuevas iniciativas para intentar asegurar la "pureza" del padrón electoral (ver relacionado).

Lo que a la postre no dio resultados, como demostraron los complicaciones surgidas al calor de estas elecciones. Cuando restan apenas 13 meses para los comicios legislativos y presidenciales.

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