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A más de un mes de salir del país Garay ha contactado a tres penalistas para negociar su defensa

jueves, 20 de octubre de 2016

Economía y Negocios Online
Emol

El ingeniero es investigado por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por un monto que bordea los $1.700 millones, de acuerdo a la indagatoria del Ministerio Público.

Tres prestigiosos estudios de abogados fueron contactados por el autodenominado economista Rafael Garay durante el último mes, luego que -en principio- fuera reportado desaparecido y posteriormente, cambiara su calidad a prófugo de la justicia por presuntas estafas y apropiación indebida.

Y aunque no ha llegado a acuerdo formal con ninguno de ellos, lo cierto es que ello debe concretarse pronto, ante una inminente solicitud de formalización en ausencia para, de esta manera, poder requerirlo a la justicia de Bucarest.

Fue tras conocerse su desaparición -reportada el pasado 21 de septiembre- que el ingeniero se comunicó con el abogado penalista Matías Balmaceda -del estudio Balmaceda y Cox Abogados (BCP Abogados)- con quien practicó artes marciales.

Tras no llegar a un acuerdo real, Garay inició conversaciones con el exfiscal Vinko Fodich -del estudio jurídico Far&Cía- con quien tampoco ha firmado por ahora.

Paralelamente, hizo lo mismo con el abogado penalista Carlos Cortés -de Cortés y Rodríguez Abogados-, quien representa al desaforado senador Jaime Orpis, investigado en el caso Corpesa, y a uno de los ex ejecutivos del grupo Arcano, Jorge Hurtado, formalizado por presuntas estafas piramidales que afectaron a más de mil personas.

Rafael Garay, en tanto, permanece en Bucarest, de acuerdo a los reportes entregados por Interpol, que ya ubicó el sector donde reside.

Mientras, en el país el fiscal de delitos de Alta Complejidad Centro Norte, José Morales, ya recibió los últimos informes policiales solicitados que serán clave para su decisión de pedir audiencia de formalización en ausencia.

El ingeniero es investigado por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por un monto que bordea los $1.700 millones, de acuerdo a la indagatoria del Ministerio Público.

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