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La otra agenda laboral

miércoles, 19 de octubre de 2016


Editorial
El Mercurio

Siguen avanzando en el Congreso más de 14 proyectos de ley que -con loables intenciones- impondrían costos adicionales a la contratación de trabajadores profundizando los desincentivos para invertir y crear empleos.



La polémica creada por la reforma laboral impulsada por el Gobierno se ha aquietado. Como se recordará, la ley promulgada no dejó contentos a los partidarios de forzar un alza de los salarios vía la presión sindical, porque el Tribunal Constitucional declaró inadmisible conceder a los sindicatos una suerte de monopolio en las negociaciones colectivas. Pero aun así la reforma prohibió el reemplazo de los huelguistas (salvo excepciones), concedió a los sindicatos poder de veto en la extensión de los beneficios negociados a los trabajadores no afiliados, abrió la puerta a la negociación con sindicatos ramales y -contrariamente a lo propuesto en un inicio- flexibilizó solo muy parcialmente las jornadas y horarios. Todavía está por verse cómo se reglamentará el sistema de turnos mínimos para mantener operativas las funciones críticas durante las huelgas y cómo se reconocerá el rol de los grupos negociadores, los cuales, pese a haber sido validados por el dictamen constitucional, habrán de operar en una suerte de vacío legal debido a la derogación del texto antes vigente.

Los riesgos que todo esto ocasiona configuran un cuadro antagónico a la creación de empleos, lo que resulta especialmente contraindicado en tiempos de desaceleración económica. No es de extrañar entonces que el empleo asalariado -objeto de la reforma- muestre crecimiento cero en los últimos doce meses.

Por esto, cabría esperar del Gobierno y sus parlamentarios una acción proactiva para despejar la incertidumbre y volver a poner sobre la mesa una auténtica modernización de las relaciones laborales. Pero en lugar de ello, siguen avanzando en el Congreso más de 14 proyectos de ley -muchos de estos por moción parlamentaria- que impondrían costos adicionales a la contratación de trabajadores. Como suele ocurrir, los inspiran intenciones loables, tales como impedir abusos, fomentar el empleo de personas discapacitadas, reforzar la seguridad laboral y auxiliar a los herederos de un trabajador fallecido. Pero, al ignorar el mayor costo que esas medidas importarían y su desfavorable impacto sobre los incentivos a contratar personal, resultarían contraproducentes.

El Instituto Libertad y Desarrollo, en reciente documento, analiza las consecuencias de algunas de ellas, como, por ejemplo, el proyecto de ley que propone transformar en indefinida -y sujeta por tanto a indemnizaciones y otras condiciones- la modalidad de trabajo por obra o faena cuando haya sido renovada dos o más veces. Por su naturaleza, dicha modalidad es muy ocupada en las actividades de la construcción, por lo que el cambio propuesto perjudicaría especialmente a sus empresas medianas y pequeñas, sin la capacidad de dar empleo permanente a albañiles, carpinteros y otros obreros especializados. Otra iniciativa cuestionada es la que impediría la llamada "polifuncionalidad", que permite a una empresa -especialmente si es pyme- emplear a un mismo trabajador en funciones diversas, salvo que su contrato las estipule previamente. El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, que agrupa a organizaciones de pymes, estima que esa disposición "es una ridiculez" y advierte el perjuicio que ocasionaría lo que llama "una nueva reforma laboral oculta".

Hay consenso entre los expertos en que la incertidumbre que ha reinado en Chile en los últimos tres años ha dañado la marcha de la economía y el progreso social. Entre sus causas se menciona el que las reformas emprendidas por el Gobierno pasaron absolutamente por alto su negativo efecto sobre los incentivos para invertir y crear empleos. Pero hay parlamentarios que parecen no haber asimilado la lección. Miembros de la Comisión de Trabajo de la Cámara, recientemente han enviado al Ejecutivo un oficio pidiendo "urgencia" para el despacho de varias de esas iniciativas. Como bien sabe el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, si algún reverdecimiento pudiese estar aflorando en la atribulada actividad económica, hay una manera segura de marchitar esa ansiada señal: reinstalar en el país el clima de incertidumbre regulatoria que alimentó la reforma laboral.

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