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Debates finales del impeachment :

Procurador acusó a Dilma de cometer un "gran fraude fiscal"

viernes, 26 de agosto de 2016

Jean Palou Egoaguirre
Internacional
El Mercurio

Ante los senadores brasileños, el auditor dijo que se comprobó la violación de diversos aspectos de la Constitución.



La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, incurrió en un "gran fraude fiscal y falta de probidad en el uso de los dineros públicos", aseveró ayer Julio Marcelo de Oliveira, procurador del Ministerio Público de Cuentas, en la primera audiencia de la fase final del proceso de destitución, que concluirá la semana próxima.

La Mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político, está acusada de emitir decretos que modificaron los presupuestos sin la venia del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del gobierno.

De Oliveira dijo ante el Senado que se comprobó "el uso de los bancos públicos como fuentes de recursos para financiar programas sociales del gobierno", lo cual está vedado por la ley. La investigación constató que, desde 2014, el gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a los más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.

Según el fiscal, esas prácticas y los atrasos en los depósitos en la banca pública le causaron al Estado un daño de unos 6.000 millones de reales (1.875 millones de dólares) en 2015, solo por concepto de intereses.

También señaló que la alteración de los presupuestos mediante decretos puede ser realizada, pero siempre y cuando el Parlamento lo autorice antes, lo que no ocurrió en los casos en que se apoya la acusación.

El fiscal aclaró que "no son actos de tipo penal", pero que sí violan diversos aspectos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

De Oliveira fue el primero de los dos testigos de la acusación escuchados por el Senado, ante el cual se presentarán otros seis llamados por la defensa.

De Oliveira fue objetado por la defensa. El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, pidió eliminar la declaración de De Oliveira, argumentando que mostró su parcialidad al participar en marchas en contra de la Mandataria. El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski, quien dirige la sesión del impeachment en la Cámara Alta, accedió al pedido, rotulando su participación como "informante" y no como "testigo", con lo que su declaración no tiene validez legal como prueba.

Las primeras deliberaciones ayer fueron una muestra de la tensión que se vivirá estos días, con acalorados debates entre los legisladores y recursos de última hora para intentar dar un giro a un desenlace que ya parece firmado en contra de la Presidenta. Miembros del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y el Partido Comunista de Brasil pidieron la "suspensión" o incluso la "nulidad" del juicio, acusando errores procesales y que representa "un golpe".

Para los analistas, a estas alturas del caso, el debate en el Senado no tiene más sentido que cumplir con el trámite, ya que políticamente Rousseff no tiene salida: la oposición ya habría asegurado los 54 votos que necesita para su destitución.

"Ya fue evidente en las fases anteriores que defender en términos jurídicos la no existencia de un crimen de responsabilidad es irrelevante, ya que la decisión se basa en intereses político-partidarios", señala el politólogo Fábio W. Reis. "Rousseff va a ser condenada, y su objetivo al presentarse en el Senado (el lunes) solo es para demostrar coraje y quedar como víctima de una trama golpista, para preservar su imagen".

"Comienza el día de la vergüenza nacional, el día que senadores comienzan a rasgar la Constitución y comienzan el castigo de una mujer inocente".
Lula da Silva, ex Presidente de Brasil

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