Gobierno interviene Gendarmería tras escándalo por pensiones y sueldos
domingo, 10 de julio de 2016
MARIO GÁLVEZ
Nacional
El Mercurio
Ministerio de Justicia ordenó un sumario ante "eventuales aumentos injustificados" de remuneraciones y una auditoría. Director Arce no podrá disponer cambios internos sin informar al subsecretario de la cartera.
Las graves situaciones ocurridas al interior de Gendarmería en los últimos meses -tanto en el aumento injustificado de remuneraciones del personal como en el relajo de medidas de seguridad para la custodia de internos- motivaron que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, ordenara la intervención de la institución. La disposición le fue notificada el viernes al director de la institución, Tulio Arce, mediante un oficio firmado por el subsecretario de la cartera, Ignacio Suárez, quien tendrá a su cargo el plan de intervención. Junto con ello, se le informó que el ministerio dispuso un sumario, "a fin de determinar la probable existencia de responsabilidades administrativas en eventuales aumentos injustificados de remuneraciones", según confirmó a "El Mercurio" una alta fuente ministerial, cuyas consecuencias afectaron a funcionarios que tramitaban sus pensiones. Para tales efectos, se nombró como fiscal ad hoc al abogado de la Fiscalía del Ministerio de Justicia, Ciro Cornejo, quien se constituirá a partir de mañana en la dirección nacional del servicio penitenciario. Tendrá un plazo inicial de 60 días para formular sus conclusiones. Auditoría interna Por otro lado, se iniciará una auditoría interna a los procesos de personal, pago de asignaciones especiales "y fundamentalmente sobre el ejercicio de las facultades (del director nacional) de disponer el pago de funciones críticas al personal", puntualiza la notificación. Este es un tema que ha estado en la discusión pública luego de conocerse las elevadas pensiones recibidas por funcionarios de alto rango; entre ellos, la esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, Myram Olate, quien como ex subdirectora técnica percibe $5.214.799. Otros cinco casos similares fueron bloqueados por la Contraloría, que los declaró ilegales, y emitió un dictamen que señala que los funcionarios de esta institución no pueden recibir pensiones superiores a las 60 UF, asimilándolos a los empleados públicos. a pesar de que ellos, para estos efectos, dependen de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca). También se conoció el ascenso que recibió en enero pasado el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), el ex suboficial mayor Pedro Hernández, quien dos meses antes de retirarse consiguió elevar su sueldo en más de $1,8 millones, quedando en grado 4, con $3.530.163 líquidos, correspondiente a un coronel de la institución. Su pensión es una de las rechazadas por la Contraloría. La fiscalización estará a cargo de la Unidad de Auditoría Ministerial de la cartera. El plazo para tener los resultados de la revisión es "a la brevedad", según se dijo, pero no puede exceder los 60 días. Control sobre el director Junto con notificarle de estos procedimientos, también se le informó a Arce que durante el período que se realicen estos procesos internos, "todo cambio permanente de funciones, planta o calidad jurídica del personal, así como aquellos aumentos, disminuciones o asignaciones de función crítica", deberán ser informados al subsecretario Suárez. Así también, se le advirtió que deberá ejercer su facultad de otorgar asignación por función crítica "solo en la medida en que la asignación sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las funciones que sean relevantes o estratégicas" para la gestión institucional. Ello, debido a que figuran con este beneficio funcionarios que no realizan actividades operativas, como la propia ayudante de Arce, su jefe de gabinete, el director de la escuela institucional y los directores regionales. Problemas en la seguridad Tulio César Arce Araya asumió el cargo hace poco más de un año, el 1 de junio de 2015. Se trata del tercer uniformado que en forma consecutiva dirige la institución, siendo precedido por Marco Fuentes y Juan Jaime Letelier. Sin embargo, su labor está muy cuestionada, pues "hay varios problemas de gestión y control", señala un personero ministerial. Ello ha provocado relajo, incluso en las medidas de seguridad con los internos, lo que en los últimos días derivó en fugas tanto en Chillán como en Santiago (ver nota relacionada). Por ello, el plan de intervención considera una revisión profunda a las medidas que se adoptan tanto dentro como fuera de los penales del país y en los traslados de los reos. También considera la situación de funcionarios de alta calificación para trabajar en penales, y que hoy están destinados en puestos administrativos. Incluso, hay tareas que son realizadas por dos uniformados y que solamente requieren de uno, según se detalló. Por este motivo se hará una redistribución, con el fin de reforzar con el personal más idóneo las unidades penales. Por último, se ordenó un censo institucional para establecer los criterios actuales de distribución de personal, ya que se ha detectado mucha dotación en cárceles de la zona sur, en desmedro de la zona norte, donde hay notorios déficits. Un reportaje realizado por este diario, en noviembre del año pasado, dio cuenta de que en la Región de Aysén había 389 funcionarios de Gendarmería, frente a una población penal de 227 reos. En Magallanes, en tanto, eran 349 a cargo de 280 reclusos. Por ello, la idea es estructurar las destinaciones de acuerdo a la falta de personal que sufren algunos centros penitenciarios. Como parte del plan se contemplan reasignaciones presupuestarias para reforzar con elementos de alta tecnología la vigilancia de los penales, tales como circuitos cerrados de televisión o de equipos de rayos X. Otro de los problemas que se deben solucionar son los subsidios por incapacidad laboral pendientes de pago a Gendarmería por instituciones de salud. La cifra alcanza a 3 mil 109 millones 610 mil 376 pesos entre 2011 y 2015, que corresponden a 11.029 licencias médicas. De esa suma, solo se han recuperado unos mil millones de pesos, entre otras falencias detectadas en la institución.
El abogado Ciro Cornejo tramitará el sumario por los "aumentos injustificados" de sueldos.
