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A más de 13 años del escándalo que remeció al gobierno de Ricardo Lagos:

Corte Suprema cierra con 13 condenas por fraude al fisco y 11 absoluciones caso MOP-Gate

jueves, 30 de junio de 2016

C. CARVAJAL, L. AYALA y J. J. SUZUKI
Nacional
El Mercurio

Se confirmó fallo de la ministra Chevesich, por abultamientos de contratos para pagar sobresueldos entre 1997 y 2001, pero se determinó inhabilidad perpetua para ocupar cargos públicos a culpables.



El caso MOP-Gate, de sobresueldos en el Ministerio de Obras Públicas, que remeció al gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos a comienzos de 2003 -y que incluso lo llevó a declarar ante la ministra Gloria Ana Chevesich en marzo de 2010- llegó ayer a su fin.

La indagatoria impactó de tal manera a la política chilena, que obligó a un acuerdo político al que concurrió para salvar la crisis el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, para regular el pago de las remuneraciones en el sector público. La investigación llevó a la cárcel, durante alguna de sus etapas, al ex biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Cruz, y -por una arista diferente a la central- al ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, por una arista . También fue indagado, y absuelto, en otra de sus aristas, el sobrino político del Presidente Lagos, Matías de la Fuente.

Tras trece años y 130 días desde que el 20 de febrero de 2003 iniciara la tramitación de la causa la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Gloria Ana Chevesich -hoy jueza de la Corte Suprema-, la segunda sala del máximo tribunal condenó por fraude al fisco continuado a 13 personas, luego que se determinaran los abultamientos de contratos para pagar sobresueldos en el MOP entre 1997 y 2001.

Se trata de 10 ex empleados públicos, entre ellos Carlos Cruz y tres particulares por fraude al fisco de $799.142.217.

En un fallo unánime, la Corte Suprema ratificó en lo medular la sentencia que dictó la magistrada el 30 de junio de 2010, pero elevó a inhabilitación perpetua para ocupar cargos u oficios públicos la condena. Chevesich había establecido una suspensión mientras durara la pena.

Los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por Milton Juica, Hugo Dolmestch (actualmente presidente de la Corte Suprema), Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama- solo acogieron los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había condenado a once empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP, a quienes Chevesich en su fallo había absuelto.

Las penas oscilan entre los 60 días remitidos y cinco años de libertad vigilada. A todos se les consideró como atenuante la irreprochable conducta anterior.

La magistrada consideró la tesis del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de un fallo de la Corte Suprema en la arista L IV, por los que condenó también a los particulares por fraude al fisco y no por estafa como los había acusado, por la comunicabilidad del delito. Esto fue ratificado por la Corte de Apelaciones y ayer por el máximo tribunal.

En su fallo, la Corte Suprema llegó a la "convicción" de que "un grupo de personas idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos que se destinaron a pagar honorarios no consultados en el presupuesto público y que el fisco no estaba en el deber de solucionar".

El máximo tribunal coincidió con la ministra en las absoluciones de determinados consultores, que dispusieron los giros de cheques de la cuenta corriente de su empresa para hacer devolución de una parte de un precio que a instancias de funcionarios del MOP, mandante de dichos contratos, y según condiciones impuestas de forma perentoria, aparecían como aceptables o plausibles.

Los absueltos, que habían sido condenados a 60 días remitidos y pago de indemnizaciones, son: Marcos Luraschi, ingeniero de Econat Consultores; Abdón Naim, ingeniero de R& Q Ingeniería; Sergio González, ingeniero de Aristo Consultores; Francisco González, ingeniero de Consultora Profesional Agraria Limitada; Eduardo Valenzuela, de consultora Exe Ingeniería y Software; Luis Arrau, socio de Geofun Ltda. Además, Francisco Donoso, sociólogo y economista de Diagnos; Alejandro Gutiérrez, ex subsecretario de Agricultura y socio de Consec; Carlos Calderón solidariamente con Luis Solar, gerente y ex gerente de CCP Ingeniería . Y el economista Jorge Quiroz, de consultora Gerens, que había sido condenado a 41 días.

Según el máximo tribunal, no se demostró de manera vehemente "la existencia de una colaboración maliciosa en la producción del suceso ilícito, ideado por funcionarios públicos de un organismo del Estado como es el MOP".

Tras el análisis de los antecedentes contenidos en los 49 tomos que tenía solo esta causa la jueza resolvió absolver a 17 de los acusados, principalmente porque no se encuentra acreditada su participación culpable en los hechos. Según explicó la jueza en su fallo de 1.031 páginas, se utilizaron tres modus operandi para la defraudación.

El ardid en el MOP

El primero consistió en que entre los meses de mayo de 2000 y junio de 2001 se ideó un sistema denominado "caja paralela" para administrar los dineros que sociedades consultoras habían devuelto al MOP, pero que habían sido obtenidos a través del abultamiento del precio de las consultorías. Con estos dineros se pagaban sobresueldos.

El segundo, que entre septiembre de 2000 y noviembre de 2001 el ex contador de la sociedad Gestión Ambiental y Territorial, Gate S.A., Luis Jara Núñez, facilitó su cuenta corriente personal para administrar los dineros con los que se pagarían sobresueldos. Gate emitió boletas de honorarios que no corresponden a ningún servicio prestado, los que se incorporaron en su contabilidad como si se tratara de un gasto de su empresa.

El otro "ardid" es que entre los meses de marzo de 2001 a enero de 2002, el fallecido director general de Obras Públicas, Eduardo Arriagada, administró $150 millones y por intermedio del ex jefe de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés, pagó diferentes sumas de dinero, también en efectivo.

A lo largo de su indagación, la jueza abrió 28 aristas, que eran paralelas al proceso principal denominado Gate, que concluyó ayer. De estos procesos, siete terminaron en condenas, una sentencia absolutoria que benefició al ex ministro Cruz, 18 fueron sobreseídas, y en dos aristas la jueza se declaró incompetente.

Una de las incógnitas es el destino que se les dio a otros 600 millones de pesos que figuran en un informe de la PDI. Se investigó si habían sido desviados a campañas políticas, pero ello no se acreditó.

"Efectivamente, no pude pesquisarlo. No hubo manera, no obstante las diligencias que se efectuaron", sostuvo la ministra a "El Mercurio" el 1 de julio de 2010.

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