Moderar la agenda política y reducir el déficit fiscal: los desafíos que esperan a Valdés en medio del Brexit y en vísperas de las elecciones
domingo, 26 de junio de 2016
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
La compleja tramitación en el Congreso del reajuste del sueldo mínimo evidenció que un sector de la Nueva Mayoría no está dispuesto a apoyar a La Moneda de manera incondicional, situación que encendió las alarmas en el Gobierno sobre lo que podría ocurrir cuando se discuta el presupuesto 2017 y, sobre todo, las platas para gratuidad universitaria.
Fue en la tarde del viernes 17 de junio cuando los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Trabajo, Ximena Rincón, y el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, convocaron a la prensa en el Palacio de La Moneda para comunicar el fin de 16 meses de tramitación de la reforma laboral. En perfecta formación -pero con semblantes diferentes-, los tres secretarios de Estado confirmaron la decisión adoptada por la Presidenta Bachelet: el Ejecutivo daría curso al veto presidencial que, entre otras cosas, echa por tierra los pactos de adaptabilidad, cuyo artífice fue el propio Valdés. Además, informaron que no habría ley corta, con lo cual todos los cabos sueltos de la reforma, como la regulación de los grupos negociadores, quedarían al arbitrio de tribunales. Al menos, el vocero de Gobierno aseguró que, con el veto, se cerraba el extenso debate laboral. Con posterioridad, el propio ministro Valdés se encargó de reconocer que esa no era la salida que él hubiera querido, pero reafirmó que el veto permitiría superar este capítulo y moverse hacia nuevos temas. Un mensaje similar se transmitió en la reunión sostenida el domingo en su casa con los ministros del área política y económica: que llegó el momento de alinear la agenda política con la difícil realidad económica. Pero el lunes todo volvió a enredarse en el Congreso, denotando que un sector de la Nueva Mayoría no está por aceptar el llamado a la moderación, mucho menos cuando se avecinan elecciones municipales en octubre de este año y parlamentaria y presidencial el próximo. Coincidencia o no, a primera hora del lunes, la comisión de Trabajo del Senado reactivó la discusión del proyecto que dota de derecho a negociación colectiva a los trabajadores del sector público y que dispone de un reajuste anual automático de sus remuneraciones. De prosperar, este proyecto supone una mayor presión sobre las ya alicaídas arcas fiscales. En paralelo, fuentes de Gobierno confirmaban que lo que se dio por cerrado el viernes en La Moneda es el debate sobre la reforma de relaciones sindicales, pero que otros componentes de la agenda laboral siguen vivos: negociación colectiva en el sector público, trabajo pesado y estatuto del trabajador agrícola seguirán moviéndose. A metros de ahí, en la Cámara de Diputados, Valdés protagonizaba un agrio debate con los parlamentarios de Gobierno que integran la comisión de Hacienda y que terminó con el ministro encarando en duros términos al diputado de su propio partido Cristián Campos (PPD), quien puso en duda su apoyo a una oferta consensuada horas antes entre el Gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría: aumentar en $26 mil el salario mínimo en un plazo de 18 meses. (ver recuadro) La reacción de Valdés en plena sala de la comisión se explica porque la oferta de $26 mil que cuestionaron los diputados -bajo la atenta mirada de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa- no surgió de Teatinos 120, sino que fue una fórmula planteada por los mismos diputados de la Nueva Mayoría, liderados por Pablo Lorenzini (DC). Salario mínimo, ¿una primera prueba de fuerza? Al interior de la Nueva Mayoría nadie le restó gravedad al hecho de que, a falta de apoyos en la Nueva Mayoría, el ministro de Hacienda haya tenido que salir a pedir los votos de la oposición para aprobar el sueldo mínimo. Sin embargo, consideran que este impasse debe verse en un contexto más amplio que la negociación del reajuste salarial: fue una primera prueba de fuerza de lo que vendrá a partir de septiembre, cuando se discuta el presupuesto para el año 2017 y, como consecuencia de las platas que ahí se aprueben, del futuro de una parte de la agenda de transformaciones pendientes. ¿Ejemplo? Llevar la gratuidad universitaria a los cinco primeros deciles costaría entre $160 mil millones a $250 mil millones adicionales dependiendo de cuántas instituciones de sumen al sistema. Todo esto cuando el ministro Valdés ya ha notificado que, lejos de expandir el gasto, su propósito es ajustar el déficit fiscal en 25 puntos base del PIB al año de aquí a 2018. En esta partida, dicen altas fuentes de Gobierno, Valdés tendría mejores cartas que la izquierda de la Nueva Mayoría, toda vez que la contención de la agenda legislativa no es una definición de él, sino que es la postura adoptada por el Comité Político en pleno del Gobierno. Además, esta vez los integrantes de los equipos económico y político del Gobierno están perfectamente alineados, a diferencia de lo que ocurrió durante el debate de la reforma laboral. ¿Qué pasa si los parlamentarios de la Nueva Mayoría siguen presionando la agenda de transformaciones? Esa misma fuente de Gobierno indica que La Moneda puede responder por la disciplina de los distintos ministerios, pero no por los parlamentarios, sobre todo porque el costo político de ir contra un gabinete de baja popularidad no es muy alto. En todo caso, los congresistas pueden poner en tabla todos los proyectos que quieran, invitar a los expositores que quieran, pero finalmente el avance de cualquier iniciativa que genere gasto fiscal es resorte del Ejecutivo. Por ahora, los proyectos priorizados por el Ejecutivo son dos: la expansión de la gratuidad en educación superior, que en 2017 se abordará seguramente a través de glosa presupuestaria, puesto que la tramitación del proyecto de educación superior se dilatará más allá de septiembre. Y, segundo, mejorar la gestión de los recursos públicos, principalmente los destinados a salud. Fuentes del Ejecutivo señalan que la forma de abordar la gratuidad será uno de los temas en que seguramente la relación de Hacienda y los partidos de la Nueva Mayoría se tensionará nuevamente. Esto, porque la consigna en Teatinos 120 es que el avance de la gratuidad -ya sea por glosa o por proyecto de educación superior- deberá estar vinculado irreductiblemente a parámetros de crecimiento económico. Control del gasto: El factor determinante será Bachelet El 13 de junio fue cuando el ministro Valdés, acompañado del director de Presupuestos, Sergio Granados, sinceró ante los integrantes de la subcomisión Mixta de Presupuestos que la situación fiscal era estrecha y que era urgente ajustar las expectativas de gasto. En su presentación, hizo ver que el gasto fiscal ya representaba el 23,7% del PIB, su mayor nivel en 26 años. A su juicio, esa cifra tiene que ver "con el programa de gobierno que expande el gasto de manera relevante", sin que ello se vea compensado por un aumento de los ingresos. La izquierda de la Nueva Mayoría tomó nota del mensaje, pero no para bien, lo que supone que en septiembre la relación entre el equipo económico y sectores de la Nueva Mayoría volverá a tensionarse y, según parlamentarios consultados, el factor determinante será la Presidenta Bachelet: "Si ella considera que es importante el tema económico, va a respaldar al ministro, independientemente de que haya tenido diferencias con sectores de la Nueva Mayoría", afirma el integrante de la comisión de Hacienda del Senado Eugenio Tuma (PPD). "La votación del reajuste al salario mínimo y la Ley de Presupuestos son las pruebas de la blancura cuando uno forma parte de una coalición de gobierno; uno tiene que decidir pagar los costos, no solo recibir los beneficios", agrega el integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Pepe Auth. Aunque terminaron alineándose con el Gobierno en la segunda votación del salario mínimo, los parlamentarios del PC advirtieron que las diferencias que se presentaron con Valdés a propósito del salario mínimo podrían repetirse si el ministro los excluye del diseño del presupuesto. Mientras, un sector del PS parece extrañar la conducción del ex titular de Hacienda Alberto Arenas (PS): cuando las finanzas estaban a cargo del ex ministro Arenas, se aumentó el gasto público 9,8% (entre 2014 y 2015) y se negoció un reajuste del salario mínimo de $40 mil en 18 meses: "El Gobierno es el mismo, no puede ser que cambie el ministro y cambie la forma de gobernar", afirma un diputado socialista. La diferencia es que si bien en 2014 la economía solo creció 1,88% -venía de expandirse 3,98% en 2013-, las expectativas eran positivas e incluso se hablaba de brotes verdes. Valdés ratificó, en cambio, su decisión de no dar rienda suelta al gasto público, incluso después de conocerse la noticia de que Gran Bretaña abandonará la Unión Europea (Brexit), lo que abre una etapa de incertidumbre respecto de la recuperación de la economía mundial: "Nuestro compromiso es que el balance estructural vaya mejorando, que el déficit vaya achicándose un cuarto de punto por año (...) Los comités del PIB potencial y del precio del cobre están haciendo su trabajo y, a partir de los parámetros que ellos decidan, vamos a tener un proceso presupuestario habitual", afirmó al ser consultado sobre los efectos que el Brexit podría tener sobre el presupuesto del país. ¿Ganar con déficit o perder con superávit? En marzo de 2010, a pocos días de que Sebastián Piñera hubiera asumido la Presidencia luego de derrotar en las elecciones a Eduardo Frei, la entonces Concertación entró en un fuerte proceso de autocrítica, que encontró en el ex ministro de Defensa Francisco Vidal a uno de sus exponentes más duros. Entonces, Vidal recordó en una entrevista cómo el gasto puede ser un factor que influye a la hora de ganar o perder una elección: recordó que a fines de 1999 -entre primera y segunda vuelta presidencial y en medio de una severa crisis económica- hubo una reunión crucial en La Moneda entre los entonces ministros José Miguel Insulza, Edmundo Pérez Yoma y el encargado de las finanzas públicas, Eduardo Aninat. La Moneda le estaba pidiendo a Aninat recursos para financiar al menos 150 mil empleos de emergencia, pero el titular de Hacienda señaló que solo había caja para 100 mil puestos. El tema se discutió hasta que Pérez Yoma dijo: '¿Qué quieres? ¿ganar con déficit o perder con superávit?' Finalmente, se impuso la visión de La Moneda y Ricardo Lagos ganó la elección a Joaquín Lavín por muy pocos votos. Años más tarde, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, este dilema volvió a presentarse. Entre 2008 y 2009, el país atravesó por un fuerte aumento del desempleo (originado de la crisis subprime ), situación que fue abordada por la autoridad utilizando US$ 8 mil millones en políticas de protección social de los US$ 25 mil millones que entonces estaban ahorrados en el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES). Al año siguiente, la billetera de Hacienda no fue tan generosa y Bachelet terminó entregando el mando a Sebastián Piñera, con fondos ahorrados por casi US$ 17 mil millones, lamentaron sectores de la Concertación. Desde entonces, hay sectores que consideran que en años de elecciones la austeridad fiscal no puede ser un dogma, situación que esta vez vuelve a presentarse, sobre todo porque el Gobierno enfrentará las elecciones de este y el próximo año con niveles de desaprobación inusualmente altos (más del 70% de rechazo, según la última Cadem). Por ello, los ojos de una parte de la Nueva Mayoría se han posado sobre los más US$ 23 mil millones ahorrados precisamente para tiempos de vacas flacas. Fuentes del Ejecutivo indican que en 2008-2009 el Gobierno utilizó una parte importante de esos recursos para financiar un plan concreto de contingencia económica y no para financiar gastos permanentes, como podría ser educación o salud. ¿Está cerrada esa alternativa para esta contingencia? Hasta el viernes la respuesta era no, pero el escenario podría eventualmente revisarse en función de los efectos del Brexit en la economía mundial y local. En el PS, claramente creen que esa alternativa debe evaluarse. El senador de ese partido Carlos Montes señala que el debate sobre el uso de esos fondos no está descartado: "No hay que tener cancelado el uso del FEES porque sí. El FEES se construyó para coyunturas como esta, para usarlo cuando las cosas están bajas. Es cierto que tiene un efecto macroeconómico que hay que medir muy bien, a lo mejor parte de eso hay que usarlo en función de la reactivación", afirma el congresista. Hacienda ya inició fase exploratoria del presupuesto Aunque por ahora el debate sobre la reforma laboral y el salario mínimo se ha tomado la agenda del ministro, eso no significa que la operación presupuesto no esté en marcha. Hacienda y los ministerios sectoriales ya comenzaron el trabajo para priorizar los proyectos y tareas que se podrán financiar en 2017: "Estamos en el exploratorio. El marco presupuestario lo estamos viendo con los ministerios (...) el gran objetivo es gastar bien la plata que tenemos. La Presidenta ha sido clara en poner la educación en el centro", afirmó Valdés en una entrevista con Radio Duna. A fines de julio y principios de agosto comienza otra etapa en que Hacienda pone a prueba su capacidad para mantener al gasto bajo control: se inician las denominadas bilaterales, que son reuniones en que todos los ministerios defienden su presupuesto. Estas bilaterales tienen un componente técnico -se realizan primero ante la Dirección de Presupuestos-, pero después adquieren un cariz eminentemente político, puesto que los proyectos y prioridades escalan al ministro de Hacienda y luego a la Presidencia. LOS OJOS de una parte de la Nueva Mayoría se han posado sobre los más de US$ 23 mil millones ahorrados en los fondos soberanos para tiempos de vacas flacas y que, por ahora, Hacienda no ha utilizado. Los efectos del Brexit podrían cambiar este panorama. EL GASTO FISCAL ya representa el 23,7% del PIB, su mayor nivel en 26 años.
