martes, 24 de mayo de 2016
El Mercurio
Cristián Larroulet V.
Académico
Universidad del Desarrollo
Las instituciones, como son la Constitución y las leyes, pueden ser muros o puentes para alcanzar el desarrollo humano. Son puentes cuando contienen mecanismos que incentivan el esfuerzo, el intercambio, el emprendimiento y la innovación en la sociedad; y son muros cuando agobian la creatividad, impiden la competencia y no colaboran a la estabilidad macroeconómica.
Cuando existen reglas que promueven el derecho de propiedad, el equilibrio macroeconómico, un Estado con límites y la libre iniciativa de las personas en materia económica, Chile ha logrado mayor desarrollo humano. Así ha ocurrido con la Constitución vigente que ha facilitado el mayor crecimiento económico de nuestra historia.
Chile es el país con menos derechos constitucionales (46) pero lidera el ranking latinoamericano de ingreso per cápita y es la nación de la región que más ha reducido su pobreza en las últimas décadas. En otras palabras, las Constituciones no son mágicas, escribir derechos en ellas no significa que estos se harán realidad si no existen las instituciones adecuadas para promover los factores que explican el progreso de los países. Al efecto, resulta interesante observar los casos de Corea del Sur y Brasil.
La Constitución coreana data de 1948, y desde entonces ha mantenido, sin mayores variaciones, el número de derechos consagrados. En 1948 el PIB per cápita coreano correspondía al 7,1% del estadounidense y su gasto público sobre su PIB era de 14%. Hoy el PIB per cápita de Corea del Sur representa el 65% del de Estados Unidos y su gasto público es 19% sobre el PIB.
Brasil se dio una nueva Constitución en 1988, agregando una enorme cantidad de derechos. En 1988, el PIB per cápita de Brasil representaba el 31% del PIB de EEUU., mientras que su gasto público sobre el PIB llegaba al 22%. Hoy su PIB per cápita corresponde al 28% del estadounidense y su gasto público sobre el PIB se elevó a 40%.
Es decir, un país pobre no supera su problema agregando demagógicamente derechos a su Constitución, sino incluyendo y fortaleciendo instituciones como el derecho de propiedad privada, impulsando políticas correctas como la focalización del gasto público en los más pobres y estableciendo límites al Estado empresario.
La Constitución es la institución más relevante para cualquier país. Como toda obra humana, ella siempre es perfectible, por esta razón, tanto sus cambios como la forma de llevarlos a cabo deben ser ampliamente consensuados y debatidos con rigor y altura de miras. No puede ser que el voluntarismo ideológico lleve a Chile a malograr su institución fundamental y nos aleje del desarrollo.
