martes, 09 de febrero de 2016
Klaus Schmidt- Hebbel Profesor Titular, P. Universidad Católica de Chile
El Mercurio
Chile está ardiendo por diferentes costados. Bosques, campos y poblaciones están ardiendo, a causa de actos criminales, negligencia de turistas y sequías prolongadas. La delincuencia se ha apoderado del país. Chile es un Estado fallido en varias regiones del sur, tomadas por un terrorismo con connotación indígena. Delincuencia nacional Las encuestas confirman que la delincuencia es el mayor problema que enfrentamos en Chile. Un 40% de los chilenos indicaba en el 2000 que la delincuencia era el peor problema para ellos; hoy lo es para la mayoría de la población. Esto no representa una mera "sensación" de inseguridad, sino que se basa en datos duros de denuncias de las cuatro formas más masivas de crímenes que todos sufrimos. En promedio, las denuncias de los tres tipos de robos (con violencia, fuerza o por sorpresa) y los hurtos se han duplicado entre los años 2000 y 2015. Pero las denuncias son solo la punta del iceberg del crimen en Chile: 60% de los delitos no se denuncian (ENUSC 2014), porque la mayoría de las víctimas ha perdido la esperanza de que la denuncia sirva de algo. La creciente delincuencia refleja un fracaso estrepitoso de las instituciones de prevención y persecución del delito en Chile. Mientras se multiplican los recursos fiscales destinados a policías, Ministerio Público, sistema judicial y penal, la tasa de condenas por denuncias de delitos va disminuyendo en el tiempo. Medido de esta forma, la reforma procesal penal de 2001 ha sido un estrepitoso y carísimo fracaso. Revertir este fracaso requiere de una "agenda larga y sistémica" de reformas legales y administrativas, basadas en la mejor experiencia internacional y en propuestas integrales, como las del Grupo Res Publica Chile. La agenda corta en discusión hoy podría aportar algunos cambios legales que van en la dirección correcta, incluyendo el control preventivo de identidad, votado favorablemente por la Comisión de Constitución del Senado. Terrorismo con connotación indígena en el sur El terrorismo ejercido por una pequeña minoría mapuche se ha apoderado de las regiones VIII, IX y XIV. Comparado con el 2014, en el año 2015 se mantuvo el número de 270 actos terroristas cometidos en las tres regiones, pero aumentó su intensidad y coordinación. Según datos de la Multigremial de La Araucanía (MGA), se quemaron 41 bosques, 27 viviendas y 19 camiones en 2015. Se incineraron docenas de bienes de inversión, incluyendo maquinarias, vehículos, galpones, lecherías y siembras. Se quemó una caseta de Carabineros, un transporte escolar y una sede vecinal. Y en lo que va de este año, los ataques incendiaros se han multiplicado. Así, las querellas de la Subsecretaría del Interior se han casi triplicado en las tres regiones, desde nueve incendios en enero de 2015 a 24 en el primer mes de 2016. Carabineros, gendarmes, parceleros, agricultores y pobladores son víctimas de la violencia física y la destrucción de bienes, muchas veces ejercidas cobarde y anónimamente. También en este caso se requiere de una "agenda larga y sistémica", que rompa el círculo vicioso entre actos terroristas de unos pocos, el fracaso del Estado y la pobreza de muchos mapuches. Desde la misma IX Región han surgido las mejores propuestas para transformar el círculo vicioso en uno virtuoso. Desde el Encuentro Nacional Mapuche, Corparaucanía, MGA y Fundación Aitué se han presentado planes de desarrollo y proyectos de ley, basados en el reconocimiento de la multiculturalidad (con un Ministerio de Asuntos Indígenas, la protección de la lengua y preservación de la cultura, y la representación política); la compra y entrega de tierras a comunidades pacíficas, apoyando al desarrollo de las tierras entregadas; la inversión pública en educación, salud e infraestructura; y el rechazo de toda violencia. Los Presidentes Bachelet y Piñera recibieron cariñosamente a las correspondientes delegaciones en los años 2009 y 2013, para luego archivar sus propuestas. Conclusión La violencia física y los daños materiales sufridos por las víctimas de la delincuencia nacional y el terrorismo del sur son enormes. La inseguridad sufrida por todo Chile en sus hogares, lugares de trabajo y espacios públicos tiene secuelas permanentes sobre la calidad de vida. En este mes de vacaciones, muchos chilenos no pueden dejar sus hogares por temor a que sean desvalijados. Y los que toman vacaciones fuera de sus hogares, conviven con el permanente temor al robo. Todos los moradores -los pobres proporcionalmente más- deben invertir muchos recursos para proteger sus hogares con rejas, sistemas de seguridad y cuidadores. Se ha estimado que solo el costo directo de la delincuencia (en gasto privado y público) equivalía a 2,4% del PIB en 2010 (Olavarría, 2015). Sin embargo, hay costos indirectos muy superiores que pagamos los chilenos por el crimen y la violencia, porque estos reducen el ahorro y la inversión, inhiben la educación y la innovación, y derivan en menor productividad, crecimiento e ingresos para todos. Pongamos todos nuestros mejores esfuerzos para romper el círculo vicioso entre delincuencia y terrorismo, inefectividad de las instituciones, pobreza de muchos chilenos y falta de voluntad política por apagar las llamas de un Chile que arde.
