Querella de Codelco por incidentes en Salvador imputa daños, robos y desórdenes públicos
lunes, 03 de agosto de 2015
Mario Rojas Martínez
Nacional
El Mercurio
Daños, hurto y robo, a los que en las últimas horas sumó desórdenes públicos, son los delitos denunciados por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en una querella criminal que presentó contra quienes resulten responsables, en las calidades de autor, cómplice o encubridor, de los perjuicios provocados a la división Salvador por protestas de trabajadores de empresas contratistas de ese yacimiento. El recurso judicial, ampliado en menos de una semana, fue interpuesto por la compañía en el tribunal de garantía de la comuna de Diego de Almagro, en la Región de Atacama. Codelco alega que las manifestaciones activadas desde las cinco de la madrugada del martes 21 de julio pasado, que entre otros inconvenientes provocó el cese de la producción, además del aislamiento y falta de ingreso de bienes e insumos básicos al campamento minero, ha provocado pérdidas diarias estimadas en US$ 500 mil. Esto es el equivalente a más de $330 millones por jornada. Presión para negociar En la querella se indica que la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) "dispuso la realización de actividades ilegítimas e ilegales, destinadas a presionar a las empresas de la gran minería del cobre, con el propósito de que éstas ingresaran a una supuesta negociación colectiva, contraviniendo el orden jurídico que regula a éstas". La compañía, que en el escrito adjuntó 16 fotografías de los lugares donde ocurrieron las manifestaciones y destrozos, acusa delitos como la sustracción de maquinaria para hacer barricadas en los accesos a sus instalaciones, además del robo de grandes cantidades de combustibles y neumáticos. Estos últimos encendidos incluso al interior de las áreas de operaciones de la división nortina. También el ingreso de personas sin autorización, y por la fuerza, a sus dependencias para la sustracción de especies, lo que incluyó materiales de estudio para realizar nuevas prospecciones geológicas en la zona. Asimismo, la manipulación e intervención de elementos químicos altamente tóxicos, como arsénico y sulfuro de sodio, para personas que tomen contacto con ellos sin los resguardos correspondientes. A lo anterior se suma la denuncia de amenazas de dirigentes sindicales contra operarios que no adhirieron al paro, el apedreo de vehículos y al bloqueo de accesos por parte de unas 250 personas, lo que impidió el normal tránsito de operarios que cubrían turnos de trabajo. Todo ello en caminos y en zonas como el ingreso al campamento de El Salvador, la garita principal del yacimiento, y cruces hacia instalaciones, como el área de la concentradora. Codelco denunció que lo ocurrido "se ha extendido a la ciudad misma de El Salvador, bloqueando los accesos de entrada y salida, manteniendo virtualmente secuestrada a su población". En forma preliminar, Codelco avaluó los daños en más de $1.700 millones. La empresa, en la acción judicial, pide contra los responsables penas de reclusión y también multas de hasta 15 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a $661.005. Otras divisiones Las protestas ocurridas en la precordillera de la Región de Atacama han ocasionado enfrentamientos entre operarios y carabineros. El viernes 29 de julio pasado, ocho días después del inicio de las manifestaciones, murió el trabajador Nelson Quichillao luego de recibir un impacto de bala mientras una turba bloqueaba la ruta de acceso a la división Salvador. El hecho es indagado por el Ministerio Público de Atacama. En los últimos días, trabajadores de empresas contratistas de Codelco también activaron protestas en el acceso a otras divisiones de la compañía en otras regiones del país, como en Antofagasta y en O´Higgins.
Codelco tiene 1.500 trabajadores propios en El Salvador y 3.500 contratistas.
