martes, 21 de julio de 2015
Economía y Negocios Online
Valor Futuro
Compañía Minera Cerro Casale, empresa compuesta por Barrick Gold (75%) y Kinross Gold (25%), ingresó una reclamación al Segundo Tribunal Ambiental para que se deje sin efecto la decisión tomada por el Comité de Ministros el pasado 8 de mayo.
La minera solicita la anulación de la resolución por medio de una orden de no innovar. A juicio de la minera, la decisión del comité de acoger parcialmente seis recursos de reclamación contra el proyecto es "ilegal y arbitraria".
En el escrito, la empresa alega que las restricciones adoptadas respecto al recurso hídrico no se ajusta al derecho porque el volumen de extracción de aguas del acuífero de Piedra Pómez fue objeto de otro procedimiento de evaluación ambiental.
Añade que "el actuar del Comité de Ministros adolece de nulidad, al arrogarse atribuciones no contempladas en la ley para modificar la descripción del proyecto, y así justificar la significancia de un impacto ambiental debidamente abordado en el procedimiento de evaluación, utilizando erróneamente un cuerpo normativa no aplicable".
Además, estima que "las observaciones ciudadanas objeto de las reclamaciones administrativas fueron debidamente consideradas, según se acredita en el expediente de evaluación ambiental, cumpliendo con lo dispuesto en la legislación aplicable y en la jurisprudencia administrativa y judicial".
Asimismo, considera que la medida de restricción es "desproporcionada" debido a que las acciones contempladas en el Plan de Alerta Temprana serían "idóneas y apropiadas para hacerse cargo del supuesto impacto significativo", a juicio de las autoridades.
