Ministerio de Justicia y SII solicitaron antecedentes, y ANFP justifica ingreso de US$ 1,5 millones más
viernes, 29 de mayo de 2015
Economía y Negocios
El Mercurio
La ministra Javiera Blanco aseguró ayer que requirió al fútbol chileno "documentación financiera, balances y memorias" para determinar si hay "inconsistencias". En Quilín afirman que segundo pago también terminó en la cuenta de la organización de la Copa América.
E scándalo FIFA-Conmebol. Capítulo dos. El Servicio de Impuestos Internos inició un monitoreo de las cuentas de la ANFP, y la ministra de Justicia, Javiera Blanco, confirmó que el Gobierno solicitó al organismo que preside Sergio Jadue todos los antecedentes financieros, balances y memorias contables de la institución. "No podemos prejuzgar. Lo que podemos hacer es lo que nos indica el Código Civil, que es requerir la información, y, a partir de esa información, determinar si efectivamente existe algún tipo de disconformidad. En el caso de que hubiera inconsistencias que ameriten una conclusión radical, esta podría ser la cancelación de la personalidad jurídica. No hay algo intermedio", dijo la personera de gobierno. Justifican ingresos Con documentos sobre la mesa, la ANFP reveló la existencia de un segundo bono de US$ 1,5 millones -cancelado el 24 de marzo de este año desde la cuenta bancaria de la Conmebol-, por concepto de Copa América 2015, totalizando, hasta ahora, un monto de US$ 3 millones por el mismo ítem. La diferencia entre el primer y segundo depósito, en todo caso, radica en la fuente de origen del dinero: para el abono cancelado el 26 de noviembre de 2013, el depositante en la cuenta institucional fue la firma Datisa, cuyos principales ejecutivos están en el ojo del huracán en la investigación que ejecutan el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con la documentación de los dos bonos de US$ 1,5 millones cada uno, la ANFP pretende demostrar, "de manera irrefutable", que Jadue fue el receptor de semejantes sumas y, además, desvirtuar que dichos ingresos correspondan a los sobornos que la justicia estadounidense imputa a nueve de los diez presidentes de federaciones socias de la Conmebol. Según la investigación del FBI, Datisa -la firma que compró los derechos de televisión de Copa América de 2015, 2018 y 2023, además de la Copa América Centenario- acordó el pago de sobornos por un total de US$ 100 millones en cinco cuotas de US$ 20 millones: las dos primeras fueron canceladas entre junio y septiembre de 2013. La acusación del FBI señala que cada una de las cuotas de veinte millones de dólares fue repartida entre nueve de los diez presidentes de las federaciones socias de la Conmebol de la siguiente manera: US$ 3 millones para el presidente de la Conmebol y los titulares de Argentina y Brasil; US$ 1,5 millones a los presidentes de otras siete federaciones miembros de la Conmebol; y US$ 500 mil para un undécimo directivo. La denuncia no detalla cuáles fueron las siete asociaciones sobornadas, además de la brasileña y la argentina.
