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Francisco Rosende: Contradicciones vitales

martes, 26 de mayo de 2015

Francisco Rosende
El_Mercurio


Durante los últimos años se ha instalado con fuerza en la agenda de políticas públicas el objetivo de consolidar una sociedad en la que predomina la igualdad de oportunidades, donde la meritocracia es el principal vehículo de progreso individual. Es difícil estar en desacuerdo con el objetivo planteado. Más aún, este es un objetivo inherente al sistema económico que ha prevalecido en el país durante las últimas décadas.

Cabe recordar que la implementación de dicho sistema se inicia con la apertura de la economía, lo que llevó a la eliminación de numerosos monopolios amparados en una compleja red de protección de la competencia externa. Por otro lado, se promovió una mayor flexibilidad del mercado del trabajo, de forma de promover el acceso al empleo de los trabajadores. Ello significó hacer frente a las desigualdades en las condiciones de salario, estabilidad del empleo y seguridad social envueltas en un mercado fuertemente regulado, donde los privilegios de importantes grupos de presión eran evidentes.

Si bien los resultados indican que se ha avanzado significativamente en materia de eliminación de la pobreza, al mismo tiempo que los signos de desigualdad tienden a ceder, me parece saludable mantener una mirada vigilante de las políticas públicas, con el propósito de detectar los obstáculos que pudieran estar obstruyendo el logro de nuevos avances en este plano. El punto de partida de este ejercicio debe ser una mirada cuidadosa de la realidad, lo que, como se indicó, permite corroborar los progresos alcanzados.

En la construcción de una sociedad basada en la igualdad de oportunidades existen dos pilares básicos: i) una política social eficaz, focalizada en apoyar a los sectores verdaderamente más necesitados, y ii) la competencia.

Así, en la promoción y defensa de esta última resulta plenamente razonable el establecimiento de severas sanciones para quienes lleven a cabo conductas monopólicas o de colusión. En la misma lógica, resulta coherente el establecimiento de duras sanciones a quienes busquen obtener ganancias a través de prácticas reñidas con las reglas de la competencia, como sería el uso de información privilegiada.

Desde luego, es un tema en sí mismo la definición de la forma específica en que la institucionalidad económica debe cautelar por la competencia y sancionar a quienes lleven a cabo prácticas reñidas con esta. Por cierto, existen estrategias que son más eficientes y otras menos, pero en la construcción de estas es importante velar porque se resuelvan los riesgos y problemas planteados, evitándose que estas se constituyan esencialmente en un movimiento para elevar el tamaño del gobierno y de su aparato regulatorio.

Sin embargo, el pretendido propósito de impulsar la igualdad y la meritocracia chocan abiertamente con iniciativas como la reforma educacional y la laboral, ambas en trámite parlamentario. Más aún, en el caso de iniciativas como la reforma educacional resulta poco razonable argumentar que esta responde a una estrategia de apoyo a los grupos más pobres de la sociedad, criterio esencial de la construcción de una sociedad verdaderamente más igualitaria.

Si bien un análisis detallado de dichas iniciativas excede con mucho el espacio disponible, es posible destacar algunos aspectos de estas reformas a la luz de los criterios expuestos. Así, por un lado, es difícil suponer que el establecimiento de gratuidad de la educación universitaria o, el crecimiento de la educación pública, puedan contribuir a una sociedad más igualitaria. Por un lado se transfieren recursos a personas que no pertenecen -mayoritariamente- a los grupos más pobres, mientras que por otro lado se promueve un creciente poder monopólico -sobre buena parte de la población- del segmento educacional que ha observado los peores indicadores de desempeño. La limitación que se establece sobre la libertad de elegir de los padres es evidente. Sin embargo, subsiste una pregunta esencial: ¿Qué tienen que ver iniciativas como las mencionadas con la meritocracia y la igualdad de oportunidades?

En materia laboral, la iniciativa gubernamental actualmente en trámite legislativo plantea una serie de riesgos, los que apuntan esencialmente al crecimiento del empleo y la supervivencia de las empresas pequeñas y medianas. En efecto, el proyecto plantea modificar las condiciones de negociación entre sindicatos y empresas, de forma tal que es esperable que se promoverá un progresivo proceso de reemplazo de trabajadores por máquinas. Por otro lado, el riesgo del emprendimiento se eleva de un modo considerable, considerando la posición desmejorada en que quedarán las empresas medianas y pequeñas para enfrentar escenarios de conflictos laborales. Ello no solo crea una fuente de inequidad entre este tipo de actividades y las empresas grandes y consolidadas, sino que, además, provocará un perjuicio a la capacidad de crecimiento de la economía.

En definitiva, detrás de un discurso ampliamente compartido por la comunidad, el que se encuentra plenamente en línea con la agenda de políticas seguida por el país en las últimas décadas, se aprecia un deliberado propósito de aumentar el tamaño e influencia del gobierno en el funcionamiento de la economía, alimentado en visiones ideológicas y grupos de presión.

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