domingo, 24 de mayo de 2015
Margaret Valenzuela
El_Mercurio
Abogados de la causa ya habrían sido informados de que el Ministerio Público pediría medidas cautelares en los casos en que las conductas imputadas tuvieron carácter reiterado. Líneas de defensa van desde la tesis "dura" asumida por Jovino Novoa y su equipo, hasta la "colaborativa" de Pablo Zalaquett.
F ue una "catarsis". Así describen dirigentes de la UDI la última reunión de la comisión política de ese partido, efectuada el lunes y en que se decidió elaborar la declaración de apoyo a Jovino Novoa dada a conocer este viernes. Esa en que afirman que el ex senador -uno de los cinco políticos cuya formalización pedirá la fiscalía el próximo 22 de junio por supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas- es "víctima de una persecución política" y de "un trato discriminatorio". Porque aunque el documento fue leído por muchos como una reacción a los dichos del ex director de Impuestos Internos, Michel Jorratt, afirmando haber recibido presiones del Gobierno, su hisoria se remonta a mucho antes. Concretamente al pasado 11 de mayo, cuando, mientras la Presidenta Michelle Bachelet realizaba un cambio de gabinete que acaparaba la atención pública, el SII ingresaba al Octavo Juzgado de Garantía sendas querellas en el marco del caso Penta-SQM, en las que incluía a Novoa y también a Giorgio Martelli. Alerta en la UDI En la sede de Suecia 286 el libelo activó alarmas. Dos días después, la bancada de diputados, durante un almuerzo en el Congreso, abordó el tema. Allí se discutió si una declaración pública del partido podría afectar la estrategia jurídica del ex senador. "En esto no podemos improvisar", dijo un parlamentario. Por eso, finalmente se decidió dejar el asunto en manos de la directiva que encabeza Hernán Larraín. Esta última, al reunirse este lunes, realizó una suerte de autocrítica por la falta de reacciones públicas desde la UDI frente a la querella. Fue entonces, cuando tomaron la decisión de pasar a la ofensiva, lo que originó esa misma tarde una concurrida Comisión Política. Allí, los máximos dirigentes expresaron su indignación por la acción presentada en contra de Novoa, e insistieron en la existencia de una campaña destinada a perjudicar a la Alianza, recordando que, de los cinco políticos que serán formalizados por la Fiscalía, cuatro militan o han sido cercanos a la UDI. "Tenemos que dar una señal de apoyo", alentó el senador Juan Antonio Coloma, a quien todos se sumaron en sus intervenciones. La sensación general era la de ser víctimas de maltrato y de una injusticia, convencidos de que, por ser el Servicio de Impuestos Internos un organismo público, terminará tratando de modo distinto a los políticos oficialistas y a los opositores cuestionados por el financiamiento de campañas. "Espaldarazo" a Novoa Al término del ardoroso debate, la Comisión Política resolvió por unanimidad dar una señal de respaldo a Novoa, dejando en manos de Larraín las gestiones que permitieran concretar ese gesto sin perjudicar ni incomodar la estrategia del ex senador. Así, al día siguiente, surgió el primer borrador del texto, que el jueves ya estaba listo. El viernes, los dichos de Jorratt fueron tomados por los gremialistas como una confirmación de sus tesis sobre un trato desigual en estas materias, lo que motivó nuevos ajustes a la declaración, antes de darla a conocer. Por eso, en el documento afirmaron que "la UDI defenderá con fuerza la igualdad ante la ley, para evitar que exista una justicia distinta según cuál sea el pensamiento político de los ciudadanos". El gesto fue agradecido por todos los afectados, y en especial por Novoa, quien lo recibió como un "espaldarazo" en medio de su compleja situación judicial y luego de que la fiscalía rechazara los recursos de su defensa y de la del ex diputado RN Alberto Cardemil que buscaban anular la audiencia de formalización del próximo 22 de mayo. "Hasta el final" La estrategia jurídica de Novoa apunta a afirmar que el ex senador no ha cometido delito alguno. De hecho, ha sido el único político que se ha negado a declarar ante los fiscales, haciendo uso a su derecho de guardar silencio y denunciando sesgos en la indagatoria. Tesis que, en la visión de su defensa, quedó ratificada con la querella del SII, fundada en que él habría facilitado seis facturas y tres boletas de honorarios ideológicamente falsas a distintas empresas del grupo Penta. Esto, en contraste con la querella contra Giorgio Martelli que solo se refiere a él como persona natural y no como propietario de la empresa Asesorías y Negocios SpA, a través de la cual se le pagaron reiteradamente asesorías a múltiples dirigentes y funcionarios del actual gobierno. En esa línea de cuestionamiento a la indagatoria, ejercerá todos los recursos que estén disponibles en su caso independiente de sus resultados. "Llegaremos hasta el final", ha dicho la defensa de Novoa. Cardemil: no hay delito Similar en varios puntos es la línea seguida por la defensa de Alberto Cardemil, a cargo del abogado Eduardo Riquelme. Esta ha enfatizado que, si bien Cardemil recibió aportes para su campaña, no habría tenido conocimiento de que esas boletas serían usadas en Penta para evadir impuestos, por lo que no se le puede imputar eventuales delitos tributarios cometidos por terceros. De hecho, algunas fuentes sostienen que el ex diputado habría rechazado una propuesta de los persecutores para acordar la suspensión condicional de la causa. Mensaje de la fiscalía Según quienes conocen a fondo el caso, la fiscalía ya les habría adelantado a algunos de los abogados su decisión de, junto con formalizar, pedir medidas cautelares para los imputados que hubieran incurrido de modo reiterado en el supuesto delito de facilitación de boletas falsas, lo que apuntaría en específico contra Novoa. Aun así, todas las defensas preparan los distintos escenarios, incluida la posibilidad de que el Ministerio Público pida desde arresto domiciliario hasta prisión preventiva, para lo que ya desarrollan las respectivas contraargumentaciones. Así, en una línea similar a la de Novoa, el defensor de Cardemil también advertiría el trato diferenciado que estarían recibiendo políticos en situación simular al ex diputado, apuntando a los casos del ministro Alberto Undurraga, Andrés Velasco y Laurence Golborne, todos los cuales quedaron fuera de estas formalizaciones. El análisis de la defensa del RN toma nota por otra parte de la supuesta baja en la atención pública frente al caso Penta, tras el peak que marcara hace un par de meses con la formalización y detención de los controladores de la empresa. Dicha caída de atención, estiman, generará menos presiones mediáticas sobre el juez que deberá resolver las eventuales cautelares. La "verdad" de Moreira y sus expectativas En el mundo judicial se barajan apuestas en cuanto a que tanto Iván Moreira como Felipe de Mussy, parlamentarios en ejercicio, podrían abrirse a acordar la suspensión condicional si es que son formalizados. Por esta vía la investigación se suspende por un par de años y, al cabo de ese tiempo, la causa termina definitivamente sin que quede registro en el certificado de antecedentes. Con ello, es el cálculo, el paso del tiempo diluiría el costo político que el caso les ha traído. Pero Moreira confía en que su decisión de mostrarse, desde un inicio, dispuesto a colaborar, y de reconocer los hechos, jugará a su favor. Después de todo, dicen sus cercanos, fue el primer político en confesar la existencia de mecanismos irregulares en los aportes a campañas. "Yo no he hecho nada distinto a lo que hace la mayoría de los candidatos para financiar su campañas electorales", dijo en esa oportunidad Moreira, quien ha definido como eje de su estrategia "la verdad". Además, su abogado, Gabriel Zaliasnik, ha argumentado que si bien la actuación de Moreira puede tener un reproche moral, "el financiamiento incluso ilegal de la política, como tal, no es delito tributario". En su caso, sostienen algunas versiones, la fiscalía le habría señalado que por ahora no pedirá su desafuero, pero sin descartar que ello ocurra más adelante, durante la etapa de la acusación. Así, el día de su formalización solo le leerán los cargos y por qué razón se le está investigando. De Mussy ha seguido los pasos de Novoa y Cardemil, al pedir anular la solicitud de formalización. Ayer recibió un inesperado respaldo en los dichos de Jorratt, quien afirmó discrepar de la fiscalía respecto de su caso, por el bajo monto de la supuesta evasión de que se le acusa. "Yo mismo le sugerí al fiscal que me parecía que no era necesario formalizar al diputado De Mussy. Y que nosotros no estamos por denunciarlo ni querellarnos porque era ridículo". El argumento fue visto con satisfacción por el diputado, quien lo usaría en su defensa. Zalaquett evita mostrar señales de "rebeldía" Algunos apuestan a que finalmente Pablo Zalaquett también podría terminar accediendo a la suspensión condicional de su causa, aunque el ex alcalde de Santiago ha preferido no referirse a este tema. Sus cercanos sostienen que su única preocupación es no dar señales de rebeldía ante los fiscales y por ello habría visto con cierta suspicacia la acción emprendida por Jovino Novoa y Alberto Cardemil que buscaba la suspensión de la formalización. Zalaquett ha buscado mostrarse siempre dispuesto a colaborar. En todo caso, su abogado, José Miguel Barahona ha sostenido que aquí no existen conductas que puedan ser calificadas como delito.
