Gratuidad en un grupo de universidades, CFT e IP costará US$ 500 millones adicionales para 2016
viernes, 22 de mayo de 2015
Economía y Negocios
El Mercurio
La medida apunta a una treintena de las 161 casas de estudio del país. Rectores de planteles privados acusan discriminación contra sus 175 mil alumnos vulnerables.
Al igual que el año pasado, cuando delineó lo que sería la reforma educacional, la Presidenta Bachelet volvió a ubicar a la educación como el primer tema a tratar en su cuenta anual. Mientras cientos de jóvenes se manifestaban en los alrededores del Congreso, la Mandataria afirmaba que desde 2016, vía Ley de Presupuestos, se dará gratuidad "sin becas ni créditos" a los alumnos del 60% más vulnerable de las universidades del Consejo de Rectores y de los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) que estén acreditados y no tengan lucro: o sea, unos 30 planteles y 265 mil jóvenes. La medida costará unos US$ 500 millones adicionales al fisco, que mantendrá sus actuales becas y créditos para el resto de las instituciones. "Estoy hablando que familias que reúnen un ingreso de unos $751 mil irán de forma completamente gratuita. Hasta ahora tenían apoyo estudiantil: becas, asistencia, eventualmente crédito, pero igual tenían que pagar dinero de su bolsillo o tomar deuda. De ahora en más, los que vayan a este subconjunto de universidades no van a tener que pagar nada", dijo el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Hoy las becas del Estado cubren, en promedio, solo 84% del valor real de las carreras. Con la propuesta del Gobierno, en 2016 se entregará directamente a las instituciones seleccionadas el total del costo de educar a estos alumnos. Según Eyzaguirre, sería un monto mayor al de los aranceles de referencia, para que no haya costos para los alumnos. Se trata de una transición, ya que para 2017 se espera que esté aprobada la reforma a la educación superior -que se presentará el segundo semestre- y que establece gratuidad universal en 6 años. Ahí, dijo el ministro, se sumarán más instituciones. ¿Por qué no se abrió la opción a todos los planteles? "Supondría un nivel de recursos superior a lo que de momento está recaudando la reforma tributaria", respondió Eyzaguirre. Agregó que las que hoy se incluyen "son un subconjunto donde la calidad e inexistencia de lucro están garantizadas". Rectores y alumnos La medida fue criticada por los rectores de las universidades privadas, donde estudian 175 mil alumnos vulnerables que no podrán acceder al beneficio. Andrés Benítez, de la U. Adolfo Ibáñez (UAI), sostuvo que "si hubiera debido elegir a quién beneficiar, no hubiera sido por institución, sino por niveles de pobreza". Agregó que esto implica crear "dos categorías de pobreza" y que la medida "retrotrae al sistema universitario a la situación de hace varios años, que era de que algunos alumnos pobres tenían créditos y otros no". José Rodríguez, rector de la U. Andrés Bello, criticó: "Dejar fuera a miles de jóvenes solo por estar estudiando en una universidad creada después de 1981, me parece un despropósito y, claramente, una discriminación". El rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, indicó que es "una buena noticia" que se parta por los CFT e IP. Sin embargo, plantea que es "incomprensible que en el caso de las universidades se limite la medida a las instituciones del CRUCh. Creo que se discrimina a los estudiantes más pobres al negarles el acceso a algunas instituciones de calidad". El rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados, afirmó que la medida "está fuera de la realidad, porque deja fuera a la mayoría de los universitarios chilenos, que tienen las mismas características de los que están en las instituciones privilegiadas". Desde el lado de los planteles que sí fueron considerados, el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, sostuvo que el anuncio "cumple con lo que habíamos propuesto: que hubiese una implementación de la gratuidad de manera focalizada y progresiva". Aunque se mostró contrario a que "se discrimine" a ciertas universidades, conjeturó que "la razón que el próximo año sean solo universidades del CRUCh es porque que ya tienen los requisitos que se le van a pedir a todo el sistema". Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores, valoró que "el Estado finalmente se ha comprometido a que los estudiantes (...) vulnerables tendrán derecho a educación superior". Planteó que "lo ideal habría sido que la cobertura de este beneficio alcanzara a muchos otros jóvenes que no se hayan matriculado en una institución de las que se mencionó en el discurso. Sin embargo, el gobierno se ha puesto un plazo acotado; se ha comprometido que este beneficio tendrá que finalmente extenderse para todos los estudiantes". Sánchez y Valle destacaron que, con el sistema anunciado, no habrá una merma de fondos en los planteles beneficiados. Desde los CFT e IP fijó posición el presidente de Vertebral -que reúne a estas instituciones-, Gonzalo Vargas. Dijo que las exigencias de acreditación y no lucro (no está prohibido por ley) restringe la cantidad de estudiantes que podrán acceder a la medida: de los 500 mil jóvenes que estudian en estos recintos, solo 94 mil lo hacen en planteles sin fines de lucro, y solo 60 mil cumplen los requisitos de vulnerabilidad; es decir, 12% de la matrícula total. Pese a ello, valoró que "por primera vez se le dará el mismo tratamiento de las universidades a los CFT e IP". Desde el mundo estudiantil, Nicolás Fernández, vocero de los alumnos de los planteles privados de la Confech criticó su exclusión: "Es grave, más de la mitad de los alumnos precarizados está en este sector". En tanto, la presidenta de la FECh, Valentina Saavedra, lamentó que se siga permitiendo el lucro. "Es necesario hablar de gratuidad sin letra chica, la que debe ser universal e incluir a todos los estudiantes", dijo por su parte el vocero de los escolares de la Cones, Ricardo Paredes. Este fin de semana, los estudiantes se reunirán a analizar los anuncios.
Dentro de los incentivos para que los alumnos elijan la educación pública, la Presidenta anunció que se entregarán 100 mil computadores cada año a los niños que cursen 7º básico en colegios municipales. La medida, este año, implicará un costo de $25.296 millones.
