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Los complejos frentes del grupo Luksic: a CCU y Caval suma problemas en el área minera y Canal 13

lunes, 13 de abril de 2015

Valeria Ibarra
Economía y Negocios

En el norte, el puerto de Antofagasta ha enfrentado acusaciones de daño ambiental, y la minera Los Pelambres está en conflicto con las comunidades por el tranque El Mauro. Andrónico Luksic enfrenta, además, una difícil situación en la estación televisiva, una inversión personal, al igual que la reserva para proteger al ciervo chileno.
- Tres reuniones sostuvieron Luksic y Compagnon después de cita por el polémico crédito a Caval

Los últimos años han sido intensos para el grupo Luksic. Tras la muerte de Guillermo Luksic en 2013, el primogénito, Andrónico, y el menor de los varones, Jean-Paul, debieron asumir múltiples cargos en directorios y empresas. A estas responsabilidades se sumaron este año diversos frentes de conflictos, siendo el más complejo, en lo personal, aquel que involucra a Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile. Esta entidad bancaria dio un crédito a Caval por $6.500 millones —previa reunión de Luksic con el hijo y la nuera de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon—, y este viernes se conoció que miembros de Caval hicieron asesorías para CCU.

Por el lado de Jean-Paul Luksic, los mayores dolores de cabeza vienen de la operación de Los Pelambres, donde una resolución judicial que ordena demoler la pared del tranque El Mauro ha puesto en peligro el funcionamiento de esta mina, una de las más grandes de Chile y pieza clave en el conglomerado. Los problemas se multiplican en varios otros negocios, como el puerto Antofagasta Terminal Internacional, poniendo en jaque el capital reputacional del mayor conglomerado empresarial del país, con una fortuna que Forbes calculó este año en US$ 13.500 millones.

El imperio Luksic tiene tres brazos: el área industrial-financiera, que se administra a través de Quiñenco y está a cargo de Andrónico Luksic; el negocio minero que se maneja a través de Antofagasta PLC, con Jean-Paul Luksic a la cabeza, y el sector hotelero inmobiliario, que cuelga de Adriatic Luxury Hotels y que está en manos de la tercera generación, con Davor Luksic Lederer como timonel. Sobre estas compañías hay otro nivel de sociedades, como Andsberg Inversiones, Ruana Copper A.G., Inversiones Orengo y Sutivan Investments Establishment, entre otras. Y arriba de estas se encuentra Luksburg Foundation, que lidera Iris Fontbona, una firma radicada en Vaduz, Liechtenstein, uno de los pocos paraísos fiscales de Europa.

Canal 13: reducción de costos y solo una teleserie al año


Canal 13 es un dolor de cabeza para Andrónico Luksic, quien invirtió individualmente en la estación. En 2014, tuvo las mayores pérdidas de su historia, de $19.953 millones, en comparación con una utilidad por $7.192 millones registrada en 2013. Los cierres en rojo no se veían desde 2010, cuando la cifra fue de -$4.499 millones. Los números del año pasado, en concreto, se deben a un aumento de costos (15%) y una merma en ingresos (14%). Por ejemplo, la teleserie “Valió la pena” supuso una pérdida para el canal de $4.000 millones, en tanto que el reality Generaciones Cruzadas costó $4.500 millones y no rindió como se esperaba. Sin embargo, en el canal saben que tras este resultado hay problemas estructurales: tienen el costo más alto de toda la industria y el mercado televisivo se achicó.

En 2014, la consultora McKinsey hizo un diagnóstico sobre cómo mejorar la productividad y reducir los costos, proceso en que se enfocará el canal en 2015 y 2016. En medio de rumores de venta, el 13 se enfocará en bajar sus costos. No habrá realities, y solo se hará una teleserie al año y no cuatro, como era lo habitual. La razón: el alto costo de producción. Mientras comprar una teleserie turca cuesta US$ 5.000 ($3 millones) por capítulo, una chilena puede costar $25 millones y hasta US$ 60 millones, sostiene un profesional de la estación televisiva.

La conmoción al interior de CCU y las cartas de Patricio Jottar y Andrónico Luksic


Desde que en febrero de este año se hiciera pública la reunión de Andrónico Luksic con Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, ocurrida el 6 de noviembre de 2013, el presidente de CCU ha estado intranquilo. La conmoción pública y mediática ha estado acompañada de una gran desazón al interior de la familia Luksic. Varios de sus hermanos le han recriminado por ese encuentro y sus consecuencias.

En la primera cita entre Luksic y Compagnon por el crédito surgió el tema de las complicaciones con la comunidad que mantenía CCU en Paine, donde intentaba construir sus nuevas instalaciones, y Compagnon le habría dicho que su expertise era la gestión territorial.

Posteriormente, en otra reunión, Luksic decidió presentar a Natalia Compagnon con Francisco Rodríguez, quien recién había asumido como gerente de ingeniería de CCU. Rodríguez mantuvo varias reuniones con Compagnon, quien le recomienda a la sociedad SCR, para hacer estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano, EISTU.

SCR se adjudicó un contrato participando en una licitación en la que presentó un precio intermedio entre otros dos oferentes. Según versiones, posteriormente se le habrían adjudicado dos contratos adicionales en forma directa. Fuentes del grupo dicen que optaron por la propuesta de SCR porque en su presentación estaba incluida la participación de dos profesionales competentes en el área: Rodrigo Pizarro y Claudio Sepúlveda. La prueba es que estos estudios existieron y, de hecho, hay uno que está en tramitación.

Luego de darse a conocer públicamente estas asesorías y su nexo con Natalia Compagnon, el gerente general de CCU, Patricio Jottar, envió una carta a los trabajadores de la compañía en que señaló que solo en marzo de este año había conocido de la existencia de la relación entre la empresa SCR y Natalia Compagnon, y que, atendidas esas circunstancias, pidió al departamento de auditoría de la CCU que se revisaran en profundidad todos los antecedentes de los trabajos realizados. Horas después, Andrónico Luksic —quien monitoreó el estallido de este nuevo episodio aquí en Santiago—, dio a conocer una declaración pública en que aseguró que la adjudicación de los trabajos a SCR se había hecho de acuerdo “con los procedimientos regulares de la compañía”.
Aunque estas declaraciones parecerían contradictorias, la versión al interior del grupo es que no lo son y que ambas se entienden con el siguiente dato: ni Luksic ni Jottar supieron hasta una publicación de Ciper, posterior al estallido del caso Caval, que había una relación directa entre el dueño de SCR y la empresa de Compagnon y Mauricio Valero. Solo entonces, al ver un organigrama de Caval, se enteraron de que Marcelo Carreño era también uno de los gerentes de esta firma, según asegura una fuente del grupo. Y es entonces que se pide al comité de auditoría de CCU que analice todos estos antecedentes, proceso que aún está abierto. Este comité lo integran Vittorio Corbo y Philippe Pasquet, ambos independientes, además de Francisco Pérez Mackenna y Jorge Luis Ramos Santos.

Sin duda que el episodio Caval que ahora salpicó a CCU será uno de los temas que saldrá a la palestra este miércoles 15, en la junta ordinaria de accionistas de la cervecera.

Aunque Andrónico Luksic ha dicho a su entorno que no hay más reuniones ni vínculos con Caval que conocer, entre sus conocidos hay escepticismo. “Es un hábito del manejo del poder en Chile de controlarlo todo, no hay maldad en ello. Pero ahora el país no puede funcionar en esos códigos”, dice un directivo de una de las firmas del grupo.

En su entorno hacen ver lo imprudente de estas reuniones, sobre todo considerando que —aunque con un cariz totalmente diferente—, no es la primera vez que el empresario se ha visto envuelto en polémicas de este tipo. En 2001 se hicieron públicos videos en que aparecía Andrónico Luksic y el asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en que el primero buscaba que las autoridades de Perú revirtieran la decisión de la municipalidad de Lima de revocar los permisos para operar una planta de fideos de Lucchetti en Perú.

Los Pelambres, la demolición de El Mauro y el juicio con Glencore


El tranque El Mauro suma casi una década de conflictos con la comunidad de Caimanes, en el valle del Pupio. La pelea lleva varios años en tribunales, pero uno de los capítulos más oscuros para la empresa se escribió en marzo, casi simultáneamente con el momento en que estalló el escándalo de Caval. El 9 de marzo pasado, el Juzgado de Los Vilos ordenó la demolición del tranque, amenazando el funcionamiento de la mayor mina del grupo, Los Pelambres, que en 2014 generó utilidades operacionales por US$ 1.337,8 millones.

Antofagasta Minerals ya presentó los recursos ante la Corte de Apelaciones de La Serena. Se estima que el fallo saldría antes de septiembre. Sin el tranque, dicen en la empresa, se tendrían que suspender las operaciones de Pelambres. “Esto causaría, además, enormes perjuicios a los habitantes de Caimanes, al medio ambiente y a cientos de familias de la región, junto con dañar a la minería”, sostienen en la minera.

Este no es el único frente abierto para Los Pelambres. Cerca de la operación de la mina, en el valle del Choapa, otro grupo de vecinos ha reclamado por la escasez de agua. El tema es crítico en la zona, y cualquier expansión de la mina, que tiene prevista una ampliación sustantiva para los próximos años, depende del vital elemento. Así las cosas, Antofagasta Minerals decidió que cualquier crecimiento de Los Pelambres tendrá que hacerse con agua desalada, pese a sus mayores costos.

Y como si no tuviera suficientes frentes de conflicto, hace ya un año la multinacional minera Glencore demandó a Antofagasta Minerals en la justicia de Argentina debido a que Los Pelambres depositó roca estéril en una zona de San Juan de poco más de 50 hectáreas, argumentando que lo hacía en territorio nacional, mientras que en Glencore afirman que el territorio pertenece a El Pachón y que el depósito traspasó la frontera en poco más de 1,3 kilómetros.

Aunque las empresas señalan que este es un tema entre privados, cercanos a las negociaciones dicen que al final se tendrá que resolver entre las autoridades chilenas y argentinas, dado que entre los países existe un tratado binacional minero.

Según el brazo minero del grupo Luksic, el botadero contaba con todas las autorizaciones necesarias de parte de las autoridades chilenas y la compañía tenía “la plena convicción de que estaba en territorio chileno y en concesiones mineras de su propiedad”. Según la firma, tan pronto tuvo conocimiento de la situación fronteriza del botadero, cesó en su operación e informó la situación a las autoridades chilenas. “Posteriormente, y en una conducta que no podemos sino que calificar como oportunista, Glencore presentó en Argentina una demanda ante un tribunal de la provincia de San Juan, en la que solicitó diversas prestaciones y compensaciones”, dicen en el grupo.

Pelambres se opuso a la demanda, señalando, entre otras cosas, la falta de jurisdicción del tribunal argentino, dado que el tema debe resolverse al amparo de los instrumentos bilaterales de ambos países. Esta excepción está aún pendiente de resolución, sostienen en la compañía.

Sin lugar para los huemules


Uno de los proyectos personales más querido por Andrónico Luksic, la creación de un parque en Villa O’Higgins para preservar los huemules en la zona patagónica, sucumbió a la presión ciudadana. El presidente de Quiñenco quería destinar terrenos cercanos a su fundo “Las Margaritas” a la preservación del ciervo austral y para ello solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales la concesión por 50 años, con opción de compra, del predio Río Azul, de propiedad fiscal y fronteriza con Argentina, de 12.009 hectáreas, localizado en Aysén.

Pero se encontró con la oposición de los ganaderos. A raíz de ello, la decisión inicial fue encargar un estudio ecobiológico, a cargo de Patricio Rodrigo, de la ONG ChileAmbiente, que partió en 2012 y terminó el año pasado. Se iba a presentar a la gente de la zona porque, dicen cercanos al empresario, el interés de Luksic era no ir en contra la comunidad. Según comentaron conocedores del proceso, el empresario decidió no hacer el parque para los huemules y el Ministerio de Bienes Nacionales archivó su petición.

Plomo en la Perla del Norte


Antofagasta es la casa de los Luksic. Ahí nació el patriarca Andrónico Luksic Abaroa. Allí se casó, hizo sus primeros negocios, nacieron sus hijos. Por eso los problemas ambientales de Antofagasta Terminal Internacional (ATI), la concesionaria del puerto, les resultan tan ominosos. Se acusa a la compañía de haber contaminado las zonas aledañas al puerto de esa ciudad con plomo y otros minerales pesados provenientes de las cargas que transportan. Por esta razón, el 11 de marzo pasado el Tribunal Ambiental paralizó temporalmente sus operaciones, mientras que más denuncias llegaron a la Superintendencia de Medio Ambiente y hasta la alcaldesa Karen Rojo pidió la demolición de un galpón del terminal.

La compañía tomó acciones. Cambió su plana ejecutiva: asumió como gerente general, Felipe Barison, y como subgerente, Christian Wulf. A cargo de la gerencia de operaciones quedó Jorge Falcón. Con el nuevo equipo, inició un proceso de reconversión de todos sus clientes mineros para que cubrieran los camiones que traen el mineral, de manera que el polvo no saliera al ambiente. La consigna del grupo fue que “costara lo que costara” solucionarían la crisis.

Por ello invirtieron US$ 50 millones en un galpón nuevo en Sierra Gorda, para cubrir el mineral que llega al puerto y en un primer paso, US$ 1 millón en dos spreaders (instalaciones para repartir la carga). Este jueves 2 de abril se hicieron las pruebas ante la Superintendencia de Medio Ambiente, para ver qué tan efectivo han sido las medidas adoptadas. Como medida transitoria, la autoridad ambiental autorizó la operación parcial del terminal.

Con todo, pese a la medida, en el Tribunal Ambiental seguirá corriendo el proceso sancionatorio contra la empresa, que podría traducirse en multas por hasta 5.000 UTA ($2.500 millones) e incluso la revocación de su resolución de calificación ambiental, una sanción que hasta ahora nunca ha sido aplicada en el país.

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