El 9 de marzo Silca, la sociedad ligada al empresario Hugo Silva que compró los terrenos de Caval en Machalí, interpuso una querella en contra de los representantes legales de Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero. El texto acusa un perjuicio por a lo menos $3.000 millones y no por $9.500 millones, el monto total que Silca acordó pagar a Caval por los predios en Machalí. Cuando se hizo público el caso, fuentes cercanas a Hugo Silva señalaron que la intención de la empresa era deshacer el negocio, dado que este se había materializado en condiciones de asimetría de información. Esto, porque al momento de suscribirse el contrato, una de las partes (Caval) sabía que al día siguiente explotaría un escándalo que echaría por tierra un cambio del Plan Regulador de Machalí. En la práctica, no obstante, la querella da cuenta de que la intención de Silca no es anular el trato, sino que quedarse con los terrenos, pero por $3.000 millones menos a lo acordado. Silca considera que pagó un sobreprecio debido a que las supuestas actuaciones de los querellados han detenido cualquier cambio del uso de suelo en lo inmediato.