Expertos creen que delación compensada aumentará en Chile con nueva ley
domingo, 29 de marzo de 2015
Economía y Negocios
El Mercurio
Las farmacias y los pollos hicieron que el ciudadano de a pie supiera qué es la colusión. Sí, porque de ser objeto de crípticos debates jurídicos y económicos, las materias de libre competencia llegaron a una vasta audiencia tras estos casos. Por eso el proyecto de ley que cambia el sistema actual -refuerza la delación compensada y establece penas de cárcel para quienes participen de carteles-, y que entró al Congreso hace unos días, generó tanta polémica. Si bien hay disensos en varios aspectos, dos abogados con vasta experiencia en el tema, Radoslav Depolo, ex miembro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y Claudio Lizana, de Carey & Cía, opinan que con la iniciativa aumentará la delación compensada: es decir, la práctica de admitir la participación en un cartel a cambio de eximirse o rebajar penas. "La delación compensada se refuerza en este proyecto, porque el primer delator tiene inmunidad también respecto de la sanción penal", opina Lizana. Depolo añade que "la inmunidad es un gran incentivo para denunciar conductas colusivas". Lizana cree que, por lo mismo, debiera permitirse que la inmunidad penal también llegue al segundo delator, para así contar con pruebas más sólidas para desbaratar la colusión. Depolo explica que este delito es muy difícil de probar y que está ampliamente detallado en la experiencia internacional que hay ciertos sectores más proclives a la cartelización, "como las licitaciones públicas, la salud, la industria agroalimentaria o el sector químico". Por el contrario, "en sectores de gran competencia como la alta tecnología no hay colusión", agrega. Los expertos coinciden en que el proyecto se pone al día con la legislación internacional en materia de control preventivo de fusiones y adquisiciones. Quién las aprueba es la Fiscalía Nacional Económica y solo va al TDLC cuando esta instancia la rechaza. Los abogados estiman que aquellas fusiones aprobadas con condiciones por la Fiscalía Nacional Económica también debieran ser analizadas por otra instancia como el TDLC. Del proyecto enviado al Congreso, la materia más polémica es la que establece cárcel, desde cinco años y un día hasta diez años, para los delitos de formar carteles para fijar precios, producción y repartirse el mercado, entre otras cosas. En esta materia, Radoslav Depolo cree que, más que la cárcel, el mejor castigo son las multas altas. "Con la delación compensada y medidas intrusivas, la fiscalía tiene las herramientas para luchar contra la colusión", destaca. Claudio Lizana, en cambio, es partidario de la cárcel, puesto que la colusión "implica una transferencia de riqueza directa desde los consumidores a los agentes económicos que se coluden". Para el socio de Carey, este delito "es un abuso que es asimilable, dada su gravedad, a un robo o estafa".
