jueves, 26 de marzo de 2015
El Mercurio
Proteger el contenido de los correos electrónicos, carpetas de contactos e información sobre claves de acceso fue una de las primeras diligencias que emprendió la fiscalía en su afán por cerrar el cerco en torno a los actores del caso Caval.
En estas diligencias, el Ministerio Público recurrió a la casa matriz de la empresa administradora de las cuentas de correo. El 24 de febrero, el fiscal (s) Sergio Francisco Moya solicitó a Google Inc, en California, la congelación y conservación de toda la información contenida en las cuentas de Sebastián Dávalos, del seremi de Vivienda de la Sexta Región, Wilfredo Valdés, y del ex asesor de Caval, Sergio Bustos.
También solicitó al OS-9 de Carabineros diligencias para identificar los respaldos de correos de Caval, desde los servidores de GTD Manquehue, pero esta empresa aclaró que Caval no era su cliente.
El 21 de febrero, la fiscalía pidió al OS-9 identificar las cuentas corrientes de Mauricio Valero, Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, Wilfredo Valdés y Sergio Bustos. La solicitud se hizo extensiva a los bancos de Chile, Santander, Falabella, Bice, Security y Car S.A (Filial del Banco Ripley).
El 23 de febrero, la fiscalía solicitó al Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, Mauricio Astudillo Pizarro, las grabaciones de las cámaras de seguridad de su oficina hasta el 28 de febrero de 2015.
El 18 de febrero, el OS-9 tomó en custodia desde las oficinas de Valdés una CPU, un disco duro y seis archivadores. Tres carpetas contienen antecedentes sobre el proceso de modificación del Plan Regulador y las otras tres, datos sobre la consultora Habiterra.
En agosto de 2014, se aprobaron las bases de una licitación para una nueva propuesta de cambio al Plan Regulador, adjudicada a esa consultora.
El 4 de marzo, Luis Hernán Barría, juez de garantía de Rancagua, a petición del fiscal Luis Toledo, decretó la orden de entrada, registro e incautación de computadores y tablets, entre otros, del domicilio de Compagnon y Dávalos.
