jueves, 05 de marzo de 2015
C. Carvajal, L. Ayala, M. Vega y M. Gálvez
El Mercurio
Defensores cuestionaron la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público durante la primera jornada.
Relajado y realizando dibujos estaba uno de los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín, durante las cinco horas y media efectivas que duró la audiencia de imputación de cargos.
Sin embargo, tras terminar su primera jornada y luego de la intervencion del fiscal Carlos Gajardo —quien dijo que Penta se había transformado “en una máquina para defraudar al fisco—, se mostró molesto y rompió finalmente el silencio que había mantenido durante toda la investigación.
“Falsas”. Así calificó Lavín las afirmaciones que realizó Gajardo. “No conoce Penta el fiscal, se formó una novela propia que no corresponde a la realidad”, sostuvo el empresario, en la explanada del Centro de Justicia.
El ingeniero comercial calificó los dichos de Gajardo como “fuera de lugar”, y afirmó que “para ser un defraudador profesional yo creo que he sido un empresario bastante notable, modestia aparte. Entonces, oír este tipo de cosas es algo realmente desagradable, fuera de lugar. Nos presenta como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone o algo parecido. Y es lamentable escuchar eso”.
Respecto a la solicitud del Ministerio Público de pedir la medida cautelar más gravosa y que se los calificara como un peligro para la seguridad de la sociedad, dijo que eso era “absurdo” y que “el fiscal Gajardo tiene sus ideas propias pero yo tengo otras. Esperaba que me digan lo que soy. Yo no soy ningún mafioso”.
Respecto del financiamiento de las campañas políticas, sostuvo que “lo que dimos por el Servel es varias veces lo que se está hablando acá y es fácil mirar el detalle. Es fácil mirar el lunar y no mirar el cuerpo. Todo el mundo tiene vinculaciones con los parlamentarios”.
Lavín insistió en que ellos han colaborado en la investigación y en la arista de los contratos de futuro conocidos como los “forwards”, y que tenían conocimiento de ellos y se los informaron “todos” al fiscal Gajardo.
El otro controlador de Penta, Carlos Délano, fue más escueto y solo sostuvo que se encontraba “bien”.
Uno de los abogados del grupo, Julián López, también fue muy crítico de las imputaciones.
“La verdad es que la narración que ha hecho hoy día la fiscalía es una narración que acomoda los hechos para presentar a nuestro representado como protagonista de una circunstancias que depende absolutamente de la dirección del señor Bravo. Hay aquí una narración de arreglo mañoso de los hechos para alterar la verdad en este caso”, dijo.
Crítica por cautelares
Agregó que esperaban que hoy, durante el debate logren demostrar “que lo que aquí ha ocurrido es una mala práctica que tiene que ver con un sector directivo de las compañías que ha comprometido en este caso los efectos que estamos hoy día conociendo”.
Según el defensor, existe “una desproporción sorprendente e inexplicable” en las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía cuando uno compara con las que pidieron respecto a Hugo Bravo, “a quien todos ustedes escucharon en la mañana como el gran protagonista de todos los delitos que fueron imputados, a quien se le han imputado delitos que tienen pena de crimen, lavado de activos y, sin embargo, se le pide a él arresto domiciliario, en circunstancias que a mi representado, que no tiene asociado ningún delito con pena de crimen, se le pide prisión preventiva”.
López reiteró que tienen la confianza en que los hechos finalmente “se van a imponer” y que va a poder ser observada la “desproporción” de las cautelares y “la forma mañosa en la que se han presentado”.
Mientras que uno de los abogados de Hugo Bravo, Gonzalo Insunza, explicó que no harán declaraciones “porque esto está recién comenzando y va a terminar en la Corte de Apelaciones”.
Por su parte, Ramón Sepúlveda, abogado del fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) Juan Martínez, aseveró que “no hay sustento para una medida cautelar privativa de libertad, ni prisión preventiva ni arresto domiciliario, y creemos que no hay sustento para una medida cautelar intensa”.
Mientras que Sergio Rodríguez, representante del ex funcionario del SII Iván Álvarez, dijo que esperan su “oportunidad para responder los cargos que se han formulado”, y que confían en el criterio del juez Juan Manuel Escobar.
