jueves, 05 de marzo de 2015
L. Ayala, C. Carvajal y A. Chaparro
El Mercurio
Ministerio Público imputó delitos tributarios, cohecho y lavado de dinero a los diez investigados y calificó los actos de “extrema gravedad”. La audiencia continúa hoy.
- Emociones y distracciones en la trastienda de la audiencia en el Centro de Justicia
- Carlos E. Lavín: “El fiscal nos presenta como una mafia, como si fuéramos Al Capone"
- Chahuán agrupó en 18 hechos los delitos que sustentaron la formalización en el caso Penta
- Siga en vivo la audiencia de formalización por el Caso Penta
Ocho horas duró en total la primera audiencia de formalización del denominado caso Penta que se realizó ayer en el Centro de Justicia de Santiago.
De ese tiempo, el Ministerio Público destinó 35 minutos a la denominada arista política. Pese a que no se imputaron cargos a ningún candidato o militante, el fiscal Carlos Gajardo aludió a irregularidades en el financiamiento de campañas políticas por parte del grupo, señalando —basado en declaraciones judiciales y documentos incautados— que hubo aportes económicos a cambio de boletas de honorarios o facturas ideológicamente falsas, por servicios inexistentes, que Penta incluyó en su contabilidad para rebajar su base imponible.
Sobre ese punto se leyeron correos electrónicos y declaraciones y se exhibieron documentos tributarios referidos a Felipe de Mussy, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Laurence Golborne, Fernando Herman, Ena von Baer, Andrés Velasco y Alberto Cardemil, y la intermediación de Jovino Novoa para aportes.
La fiscalía dijo haber accedido a esta “cuarta hipótesis investigativa” en septiembre de 2014, tras incautar los computadores personales de controladores de Penta Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y del ex gerente general Hugo Bravo, en los cuales había emails que aluden a “la existencia de este financiamiento masivo a diversas campañas políticas”.
Fue así como el Ministerio Público aludió al rol de políticos en este caso, en una extensa formalización de Délano y Lavín, además de Bravo y otros siete imputados entre ejecutivos de Penta y fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos.
Chahuán lideró
El primero en intervenir fue el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien se hizo cargo del caso hace una semana y ayer leyó las más de 50 páginas en que se detallaron 18 hechos constitutivos de delito.
Por la tarde se vivió el momento más esperado por defensores e imputados: la solicitud de medidas cautelares. Allí, el fiscal Carlos Gajardo pidió dejar en prisión preventiva —la más gravosa que contempla la ley— al ex fiscalizador del SII Iván Álvarez (ya está bajo esa cautelar por la causa Fraude al FUT) y a los propios Lavín y Délano.
Ello, pese a que en conversaciones anteriores se habló de arresto domiciliario, una cautelar de menor intensidad.
En contraposición, Gajardo hizo ver al tribunal “la importancia” que Bravo y el contador Marcos Castro han tenido para la investigación, por lo que se hizo una “diferencia” al favorecerlos y solicitar para ellos solo el arresto domiciliario total.
En la “pieza oscura” de Penta en la que se cometían los delitos, describió Gajardo, “fueron esas personas (Bravo y Castro) las que pudieron iluminar al ente persecutor para que pudiera hacer la descripción de cargos que ahora estamos haciendo”.
Gravedad y reiteración
Ayer, Bravo y sus ex empleadores no cruzaron palabras ni miradas. Era la primera vez que se reunían desde el quiebre de una relación de décadas.
El punto punto más álgido de la intervención de Gajardo fue cuando calificó los hechos como de “extrema gravedad”.
Al referirse a pagos de bonos a ejecutivos del grupo, otro delito tributario imputado, el fiscal expresó: “Lo que ha habido acá es una cultura de la evasión en este grupo económico. Desde el más alto ejecutivo, desde su controlador, hasta el último junior, todos dan boleta falsa, una cultura de la evasión. Lo que se ha constituido en un momento, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco”.
Al justificar las peticiones de prisión preventiva, planteó que “acá hay un peligro para la seguridad de la sociedad con la libertad de estos sujetos”.
Sobre la reiteración de delitos, Gajardo aseguró: “Nunca en el Ministerio Público hemos visto una reiteración a este nivel (...) porque estamos imputando desde 2008, pero si no tuviéramos prescripción estaríamos imputando desde el año 90”. Dijo que ello subiría la pena en dos grados , lo que los hace arriesgar condenas de más de cinco años y un día.
