Proyecto de protección de datos tendrá período de adaptación de tres años
miércoles, 03 de diciembre de 2014
Economía y Negocios
El Mercurio
Afirma que las empresas que incumplan la ley, por ejemplo, ocultando que poseen información sensible de las personas, arriesgarán multas de hasta $400 millones.
Intensos han sido los primeros nueve meses de trabajo de la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, quien ha liderado distintos proyectos de ley, agendas y mesas de trabajo. Según la autoridad, el trabajo de la subsecretaría traduce el concepto de agenda público-privada, el cual ha permeado las iniciativas que han llevado adelante como el reglamento de etiquetado de alimentos, la elaboración del proyecto de ley de protección de datos personales, una agenda digital y el consejo de responsabilidad social. "En el rol de gobernar hay que escuchar y recoger las preocupaciones de los distintos actores. Es un trabajo muchas veces duro, desgastante, hay muchos intereses que conciliar, pero al final del día los productos que hemos estado sacando han sido mucho más potentes porque han tenido esta mirada transversal", dice. Uno de ellos, que tendrá su envío al Congreso entre fines de este año y principio del próximo, es el proyecto de ley de protección de datos, que regulará cómo las distintas empresas manejarán las informaciones de las personas. La propuesta es la creación de una Agencia de Protección de Datos, que tendrá un presupuesto propio y será autónoma. Los usuarios podrán recurrir a dicha agencia para preguntar sobre los datos que una determinada empresa posee de ellos y podrá solicitar que sus informaciones sean borradas de las bases si las están ocupando de manera indebida. La industria tendrá un período de "marcha blanca" para adaptarse la implementación de la ley una vez aprobada y tendrá que hacer el catastro de sus bases de datos en la Agencia y comunicar qué tipo de información poseen de sus clientes. "Por ejemplo, si le dicen que a un cliente que no puede postular a un crédito porque no tiene la salud idónea, y ese es un dato que no debería tener la empresa o que no informó a la Agencia que lo tenía, se fiscalizará", explica Trusich. La instancia también tendrá facultades sancionatorias y, en caso de que se oculte que se posee información de datos sensibles (como es el caso de la salud, por ejemplo), la multa puede llegar a $400 millones, explica. Respecto a las críticas que han surgido desde la banca respecto a la eliminación de datos históricos de una persona cinco años hacia atrás, Trusich afirma que Chile está ajustándose al estándar internacional. Etiquetado Otro de los polémicos temas que ha enfrentado Trusich ha sido la elaboración del reglamento de etiquetado de alimentos, que ha generado ruido en el Congreso y en la industria. La iniciativa se trabaja desde el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Economía, y todavía no está cerrada, según la autoridad, ya que se encuentran afinando detalles en la mesa técnica conformada además por Hacienda, Agricultura y Relaciones Exteriores. Explica que, dentro de lo que fue el proceso de consulta pública del reglamento de etiquetado, muchas de las industrias -grandes, pequeñas, nacionales e internacionales- manifestaron cierta preocupación en cómo se iba a implementar. Señala que el rol del ministerio fue recoger esa preocupación y trabajar en esa instancia, con todos los actores, para asegurar que el reglamento sea finalmente eficaz. "Por supuesto que falta regulación (en esta materia). Hay una política de salud pública que prima por sobre cualquier otro interés", afirma categórica. El reglamento debiese ingresar a Contraloría este mes. "En el rol de gobernar hay que escuchar mucho y recoger las preocupaciones de los distintos actores y gobernar de cara a ellos, que son parte integrante de la sociedad".
KATIA TRUSICH
SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA
