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IDC, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, es la primera firma nacional que vence en ese tribunal:

Aeroportuaria chilena gana juicio a Venezuela en el Ciadi, tras sufrir expropiación en 2005

sábado, 22 de noviembre de 2014

Economía y Negocios

El Mercurio

El litigio lo llevó adelante en conjunto a su socio suizo Flughafen Zürich, con quien fueron expulsados de la concesión del terminal aéreo de Isla Margarita. El dictamen obliga al Estado venezolano a pagar un total cercano a los US$ 33 millones, además de las costas del proceso judicial.



El operador aeroportuario chileno IDC -ligado a Mariano Valle- junto a su socio suizo Flughafen Zürich (ex Unique) ganaron el juicio arbitral que llevaban desde junio de 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington). El litigio se originó con la expropiación de la concesión del aeropuerto de Isla Margarita, por parte de Venezuela, en 2005.

Esta es la primera vez que una empresa chilena vence en el Ciadi. Por ejemplo, en 2007, la entidad se declaró incompetente en un caso de Lucchetti contra Perú, luego -en 2008- Metalpar perdió un litigio contra Argentina y aún está pendiente el fallo relacionado al proceso iniciado por la minera chilena Quiborax contra Bolivia tras ser expulsada de sus operaciones en ese país.

Para este caso, IDC ha estado representada por el estudio de abogados Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), que también defendió al operador del aeropuerto de Zürich. El tribunal determinó -en un fallo conocido hace tres días- que el Estado venezolano debe pagar a ambas empresas US$ 19,4 millones, más intereses a partir del 30 de diciembre de 2005 -fecha de la expropiación-, con lo que el monto global asciende a US$ 33,7 millones.

De todos modos, los socios chileno-suizos habían demandado por entre US$ 50 millones y US$ 60 millones, comentó el abogado y socio de BMAJ, Andrés Jana. "Lo importante es que es la primera vez que una empresa chilena, en un arbitraje en el marco de un tratado de protección de inversiones, gana un juicio Ciadi", destacó el profesional.

El Ciadi también ordenó a Venezuela a pagar las costas del tribunal, cerca de US$ 535 mil, y los gastos de abogados por un valor de US$ 1,87 millones. Jana explicó que estas últimas sanciones son una señal de que el "tribunal estimó que la contraparte perdió en todas sus partes la defensa. Cuando ordena pagar las costas es una señal bastante fuerte".

Los miembros del tribunal fueron Juan Fernández-Armesto (español), quien actuó como presidente; y los árbitros Henri Álvarez (canadiense) y Raúl Vinuesa (argentino). Jana señaló que el órgano determinó por unanimidad que hubo expropiación y, a la vez, por mayoría -salvo Vinuesa- que el tribunal supremo de Venezuela "incurrió en denegación de justicia". Esto último, luego que esa corte le entregara al Estado central venezolano la administración del aeropuerto de Isla Margarita, pese a que el grupo empresarial chileno-suizo había concurrido a dicho tribunal para que lo protegiera del despojo.

Por parte del estudio BMAJ trabajaron cerca de 10 profesionales, destacando como representantes Andrés Jana, Johanna Klein y Rodrigo Gil. El equipo chileno participó en junio del año pasado en una audiencia en el Ciadi que duró dos semanas. El procedimiento del juicio quedó terminado en septiembre de 2013 tras lo cual el tribunal deliberó.

¿Se cumplirá el fallo?

Respecto de las posibilidades reales de que el Estado venezolano cumpla el dictamen, Andrés Jana explicó que los recursos contra fallos del Ciadi son muy limitados. Señaló que la contraparte podría pedir la anulación para lo cual Venezuela dispone de 120 días para realizar la solicitud y tras lo cual habría un período de discusión. El abogado agregó que por sí solo ese recurso no suspende la ejecución de la sentencia y que, además, tiene una tasa de éxito baja.

Jana expresó que los dictámenes del Ciadi no necesitan ser validados por cortes locales y los estados están obligados a cumplirlos. " Tanto es así que la convención de Washington autoriza la protección diplomática; es decir, la intervención del país del inversionista".

Pese a todo, Jana sostuvo que Venezuela registra más de 15 casos semejantes y "ha cumplido todos los fallos".

El empresario Mariano Valle -socio de IDC- recibió con satisfacción la decisión del Ciadi. "Soy un creyente de que si uno persiste y tiene la razón, al final la justicia estará de tu lado", dijo.

Valle y Jana coincidieron en que fue un juicio muy duro y con cuestionamientos a través de la prensa. "Pese a todos los ataques y barbaridades que nos han dicho, teníamos claro que actuamos en forma correcta y teníamos la razón", indicó Valle.

Ambos destacaron la solidez del sistema del Ciadi que deriva de los tratados que tiene Chile para proteger las inversiones de firmas nacionales en el exterior. "Esto da una seguridad tremenda sobre todo en países como Venezuela donde la institucionalidad es débil", apuntó el socio de IDC.

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