miércoles, 23 de julio de 2014
Cecilia Arroyo
Economía y negocios
Expertos afirman que el nuevo escenario de envejecimiento obliga a mejorar los mecanismos de retiro y reajustar los beneficios del pilar solidario, entre otros cambios.
De 77 mil a 186 mil aumentará entre 2015 y 2020 el flujo de nuevos pensionados por año, los que se sumarán al stock de jubilados del sistema, que ya totaliza 981.550 personas a mayo de este año.
La cifra implica un alza de 140% de acuerdo con los cálculos de la Asociación de AFP, sobre la base de las cifras de la Superintendencia de Pensiones, evidenciando el creciente envejecimiento de los chilenos.
Así, por ejemplo, según las mismas estadísticas del regulador, mientras en 1985 el total de afiliados mayores de 50 años representaba el 7,7% del total, hoy alcanza el 21%. En la contraparte, los afiliados entre 20 y 30 años pasaron de representar el 42% al 25% del total en igual período. Esto está influido, además, por el retraso del ingreso de los jóvenes al sistema previsional, que hoy se sitúa en torno a los 24 años, mientras que a inicios de la década de los ochenta —cuando se instauró el modelo de capitalización individual—, la cifra se encontraba en torno a los 20 años, explican las AFP.
Según el gerente de estudios del gremio, Roberto Fuentes, en los próximos 37 años, los chilenos en edad legal de pensión (60 años las mujeres y 65 los hombres) pasarán de 2,1 a 5,3 millones, lo que implica que pasarán de ser el 12% de la población al 27% de esta.
Ello aumentará significativamente el número de pensionados, lo que “afortunadamente representa un desafío abordable por el sistema, debido a la importante acumulación de ahorro que convierte a estos sistemas en solventes”, destaca Fuentes. Esto es, dice, lo que diferencia al sistema chileno de otros modelos previsionales en el mundo, “donde el incremento de los pensionados está generando grandes tensiones financieras porque las cotizaciones de los jóvenes no alcanzan a financiar los montos de pensiones comprometidos”.
Los cambios
Para el coordinador microeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), Salvador Valdés, los cambios demográficos llaman de todas formas a la industria privada y a las políticas públicas a enfocarse en responder mejor a las demandas de un grupo cada vez mayor, a través de un servicio de asesoría más complejo, productos más eficientes en la cobertura de la tercera y cuarta edad, y beneficios más amplios del pilar solidario.
Esto implica, por ejemplo, perfeccionar el mecanismo de retiro programado que ofrecen las AFP, que permita administrar mejor los riesgos de longevidad. El Estado, en tanto, debe devolver a los afiliados la “deuda” en cobertura del pilar solidario. “Aquí hay un rezago en los reajustes de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), que debieran indexarse al índice de sueldos y salarios, y no al IPC”. También es necesario, agrega, que las leyes laborales y los sindicatos no obstaculicen la empleabilidad de personas de la tercera edad.
El presidente de AFP Cuprum, Hugo Lavados, agrega que en diez años la tasa de dependencia va a ser significativamente menor que hoy (número de personas activas será menor a los pasivos). Por ello es “poco comprensible” que a nivel familiar y social existan pocos mecanismos para abordar las necesidades que ello implica y en pensiones las noticias no son buenas. “Es evidente que decir que se requiere ahorrar más, jubilar más tarde y aspirar a tasas de reemplazo bajo las expectativas actuales, no es un mensaje bien recibido”, dice. Sin embargo, confía en la gestión del actual Gobierno y el Ministerio de Hacienda para remediarlo.
