martes, 22 de abril de 2014
Francisco Rosende
Profesor titular de la Universidad Católica de Chile
La reforma tributaria impulsada por el gobierno ha provocado una comprensible controversia, la que se explica tanto por la magnitud del aumento de la carga tributaria que se plantea, como por los efectos que esta puede ocasionar sobre el desempeño de la economía.
Para sus impulsores, esta reforma es un requisito esencial para la implementación de un importante programa de gastos en educación, el que permitiría avanzar hacia una distribución del ingreso más igualitaria.
Es destacable —y ampliamente compartido— el objetivo de impulsar políticas que promuevan un mejoramiento de la calidad y cobertura de nuestra educación. Ello, tanto por la importancia que esta tiene en la construcción de una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, como por su efecto sobre el dinamismo de la economía. Sin embargo, es necesario advertir que la magnitud del alza propuesta de la carga tributaria es considerable (tres puntos del PIB), lo que hace improbable que dicha reforma no ocasione efectos adversos importantes sobre el funcionamiento de la economía. Ello al menos en el corto plazo. De hecho, no es fácil encontrar en nuestra historia económica episodios donde se hubiesen materializado aumentos similares de la carga tributaria como porcentaje del PIB.
Las autoridades han reaccionado a esta inquietud señalando la experiencia de 1990, cuando se elevó la carga tributaria sin que se apreciara algún impacto negativo posterior en el dinamismo de la economía. Desde luego, la comparación de ambos episodios requiere de un análisis mayor que la simple referencia a datos gruesos. De hecho, cabe mencionar que el aumento de la carga tributaria implementado en dicho episodio fue algo menor (dos puntos del PIB) al que hoy plantea el gobierno.
Por otro lado, no se puede soslayar que dicho ajuste tributario estuvo acompañado de acuerdos y señales políticas que clarificaron la estabilidad del sistema económico y la institucionalidad política, por lo que no parece razonable adjudicar los resultados que observó posteriormente a la economía a una supuesta “neutralidad tributaria”. (La comparación de ambos episodios permite advertir que el debate económico actual se inserta dentro de un contexto de alta incertidumbre con respecto a lo que ocurrirá con el marco institucional y regulatorio en los próximos años. Ello, dado el propósito de realizar cambios sustantivos en la Constitución que se ha planteado la coalición gobernante.)
Incluso, en el evento de que se considere que dicha reforma tributaria de 1990 fue eficiente, tanto en términos de la forma en que se materializó el alza de la carga tributaria como en el uso de los recursos recaudados, ¿se puede inferir de dicho episodio que el actual proyecto de reforma tributaria también será “neutral”? No parecen existir justificaciones para ello.
De hecho, dentro de los mismos impulsores de esta iniciativa se reconoce el riesgo de un impacto negativo sobre la inversión y ahorro. Más aun, una de las consecuencias probables de la reforma propuesta es el cambio en la composición del financiamiento de la inversión hacia esquemas más intensivos en deuda, lo que aumenta la vulnerabilidad de la economía chilena frente a cambios en las condiciones externas.
Para completar el ejercicio es importante revisar el otro lado de la reforma, los proyectos de gasto. Desde luego, proyectos bien diseñados, con una alta rentabilidad social, que verdaderamente apunten a elevar la calidad de la educación que reciben los sectores más pobres de la sociedad, permitirían mirar más favorablemente el ejercicio de finanzas públicas que plantea el gobierno y del cual es parte la reforma tributaria. Sin embargo, no se conocen aún esos proyectos.
Por ahora solo hemos conocido el propósito de estimular un tipo de educación —la que entrega el Estado— sin que se conozcan las propuestas que nos llevarían a mejorar la calidad de la educación.
Una discusión seria y rigurosa de las alternativas disponibles para mejorar la calidad de la educación no puede limitarse a proponer un mayor gasto del gobierno en la consecución de este objetivo. En efecto, el ejercicio debe comenzar en una revisión de la estructura de incentivos dentro de la cual se inserta este proceso, donde la discusión de temas como el Estatuto Docente y el proyecto de carrera docente curiosamente no aparecen.
También es necesario preguntarse hacia dónde deben enfocarse los esfuerzos de las políticas públicas, existiendo buenas razones para sostener que estos deben estar esencialmente en la educación preescolar y escolar.
Resulta desafortunado el apuro que se aprecia en la coalición gobernante por aprobar un proyecto de reforma tributaria que plantea numerosas interrogantes y riesgos. Más aún considerando que parece quedar un camino importante que recorrer para establecer una agenda razonable de proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la educación.
