domingo, 19 de mayo de 2013
Valeria Ibarra
Economía y Negocios
Empresarios cuentan a quiénes donan dinero y por qué. Impacto del “Caso Isasi” en el grupo Angelini.
La denuncia de que la diputada independiente Marta Isasi habría recibido $25 millones en 2009 de parte del gerente general de Corpesca, la mayor empresa pesquera del país, perteneciente al grupo Angelini —y que ello habría influido en cómo votó la ley general del sector—, detonó la discusión sobre qué tan prístina es la relación entre dinero y política en Chile.
El debate es clave porque los privados, compañías y personas, financian el 57% de los gastos en campañas electorales, según datos de Claudio Agostini sobre la base del Servicio Electoral. Y dentro de los aportes no públicos, las donaciones de las compañías son las que en cada comicio pesan más.
Desde que en el 2003 se normara el financiamiento privado a las campañas políticas en el marco del acuerdo entre el entonces Presidente Ricardo Lagos y el representante de la Alianza y hoy candidato presidencial, Pablo Longueira, ha crecido la relevancia de los llamados “aportes reservados”. Es el mecanismo por el cual las empresas donan a los distintos candidatos. En la segunda vuelta de 2006 entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, estos recursos eran el 26,4% del total, pero en el balotaje de 2010 entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera era ya un 44,3% de los dineros totales.
En las últimas elecciones parlamentarias, el “aporte reservado” se erigió como la principal fuente de financiamiento. En las senatoriales, el 58% de los fondos totales —que llegaron a $2.047,2 millones— provinieron de estas donaciones y el 37% de los fondos para las elecciones de diputados. Los partidos que más los recibieron para la elección de senadores fueron, en ese orden, la UDI, RN, DC y el PS.
Lucas Sierra, experto del Centro de Estudios Públicos (CEP), explica que es natural que las donaciones de empresas crezcan por el beneficio tributario que conllevan.
En los partidos admiten que antes de la ley del 2003 se gastaba más en las campañas, e incluso se dice que en los comicios presidenciales de 1999, cuando la diferencia entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín fue muy estrecha se registró el mayor desembolso de la historia.
Un trámite engorroso
Contra lo que se pudiera pensar, los empresarios están muy abiertos a hablar sobre el tema, más que los políticos. “Encuentro absolutamente legítimo que los privados financien campañas”, señala el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y hoy presidente de la AFP Habitat, José Antonio Guzmán.
Aclara que “las administradoras de fondos de pensiones no entregan aportes a ninguna campaña política y nunca lo han hecho”, pero que como empresario sí ha hecho donaciones. “He aportado a personas individuales, generalmente no de partidos, que las conozco y me merecen confianza y que creo que lo van a hacer bien”. ¿Ha donado a alguien que no sea de centroderecha? “Sí, hay muchas personas capaces y honestas”.Sin embargo, estima que el trámite es engorroso. “Uno pierde toda una mañana”, dice Guzmán, quien ha donado tres veces. “Cada vez que lo he hecho he prometido no volver a hacerlo”, señala.
¿A quiénes apoyan los empresarios en las compañías? “Financiamos la ‘buena política’ y la buena política es transversal”, dice al respecto Bernardo Larraín Matte, presidente de la eléctrica Colbún y miembro del grupo Matte. Su definición de “buena política” incluye, “políticos con visión de Estado, de largo plazo, que hacen buenas políticas públicas, que privilegian el consenso… ese es el criterio”, señala Larraín Matte.
Coincide el ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet. “Los grupos empresariales le donan a todos los candidatos, ponen los huevos en distintas canastas”.
Hernán Doren, presidente de la Asociación de Isapres, dice que “no he tenido presiones para donar. No he conocido a nadie que me lo haya pedido”.
Según otros empresarios consultados, la ley de financiamiento electoral ordenó a los grandes grupos económicos en cuanto a qué cantidad entregar a las candidaturas. Pero aún subsisten financiamientos informales, que son más difíciles de fiscalizar. Algunos de ellos son prestar camionetas, entregar lugares céntricos para que operen los comandos, donar maderas para las “palomas” o pinturas para la propaganda callejera.
Hoy surgen voces para cambiar la ley de financiamiento de la política. El presidente de Colbún se muestra partidario de mayor financiamiento estatal que redunde en más transparencia de los aportes y más responsabilidad de los candidatos y que, por ejemplo, sean elegidos mediante primarias.
José Antonio Guzmán no se opone al financiamiento público, “aunque tal vez las empresas no debieran decir para quién donan, sino que los candidatos cuando sean elegidos tengan que transparentar quién les donó”, agrega.
La necesidad de mayor claridad sobre quién aporta y a qué candidato, es compartida. “Todo lo que contribuya a la transparencia, para saber quiénes son los aportantes y a quién se le aporta, creo eso va a contribuir a despejar dudas y suspicacias”, señala a su turno Hernán Doren.
Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), estima que ley de financiamiento actual “cumple un papel importante, pero como toda obra humana puede ser perfeccionada” y en ese sentido, agrega, “debemos discutir la mejor manera de transparentar la relación entre dinero y política”.
¿Cómo se financian las campañas?
El próximo 23 de mayo el Servicio Electoral informará de los límites al gasto en la elección de senadores, diputados y el Presidente de la República.
Hoy existen dos formas básicas de financiar las campañas, con aporte privado y público.
El primero puede ser aportes propios, anónimos, reservados y privados de carácter público. Los límites totales por donante para cada tipo de elección varían, pero en las últimas municipales fueron de 1.000 UF ($22.930.110 al día de hoy) en caso de candidato a alcalde y concejal ; 10 mil UF ($229.930.111) a un partido político y otras 10 mil UF a distintos candidatos.
Los aportes propios son aquellos que se autoprovee el candidato y no deben superar los límites de gasto electoral, que se fijan en cada elección.
Los aportes anónimos son donaciones privadas en dinero pero cualquier aportante podrá solicitar se consigne su identidad y el monto de su contribución.
Los aportes reservados son aquellos que se hacen sólo en dinero en montos superiores a 50 UF ($1.150.000) y son para personas jurídicas, es decir, empresas. En lo que respecta a estos aportes debe mantenerse absoluta reserva de la identidad del donante y del monto de su contribución.
Las empresas que pueden donar deben ser privadas, tener utilidades y no pueden dar más del 1% de sus ganancias. Este aporte se hace a través de un depósito en el Banco del Estado, donde el Servel tiene una cuenta corriente. Uno o dos días después se distribuye la donación y hay que ir con las actas del mandato (si el donante es una empresa) y una cédula de identidad. El Servel luego deposita el dinero donado en varios pagos diferidos, que son anónimos.
Las razones de Angelini para nombrar a un histórico del grupo en Corpesca Todo el episodio que salió a la luz pública de los supuestos pagos por $25 millones que se habrían realizado desde Corpesca, movieron el piso esta semana al grupo Angelini, que a nivel directivo se habría enterado a través de la publicación de Ciper, el sábado. Trascendió que según los datos concretos recabados por el directorio —que le fueron entregados por el entonces gerente general Francisco Mujica—, hubo un traspaso de $25 millones al periodista Georgio Carrillo, ex asesor de la diputada Marta Isasi, por informes, lo que habría ocurrido en agosto y noviembre de 2009, de acuerdo a esta versión.
Las fechas coinciden con el período de la campaña electoral. Pero si así ocurrió, no se ajustó al procedimiento legal establecido para donaciones de campaña. La posición del grupo es que será la justicia, con una investigación independiente, la que determinará qué pasó y si se configura un delito, como cohecho.
En el entorno del grupo Angelini dicen que lo ocurrido y obrado por Francisco Mujica respecto de estos recursos no fue llevado a discusión de directorio, por lo que la mesa directiva nunca conoció esta situación. Claro que por el monto involucrado —para una empresa con un patrimonio de US$ 450 millones, 70 barcos y operación en cinco puertos—, tampoco correspondía que se hubiera llevado a esa instancia directiva.
Será Francisco Mujica, como gerente general de Corpesca al momento de los hechos, quien debería responder ante la fiscalía, dicen en el entorno del conglomerado. Porque en razón de su cargo —y también como presidente de los industriales pesqueros del norte, Asipnor—, él tenía la responsabilidad de representar estos intereses en la tramitación de la Ley de Pesca.
Aunque en el grupo evitan hablar de irregularidad hasta que la justicia se pronuncie, hubo la convicción de que Mujica tenía que dejar el cargo ante la complejidad de los hechos conocidos. Pero no fue necesario pedirle la renuncia, porque él mismo la presentó en el directorio extraordinario a que citó Corpesca el martes por la tarde.
En Tarapacá y a días de que se abriera una investigación desformalizada que lleva el fiscal regional, Manuel Guerra, la Brigada de Delitos Económicos de Iquique comenzó las primeras diligencias en el caso.
El viernes hubo dos acciones paralelas, tanto a una sede de la diputada Marta Isasi, como en oficinas de Corpesca. En ambos casos se trató del registro —voluntario y no allanamiento— para recabar información y antecedentes, confirmó Juan Castro Bekios, jefe de asesoría jurídica y vocero de la fiscalía regional.
El viernes, también, el grupo Angelini dio otra señal: nombrar a Claudio Elgueta Vera, un histórico miembro del círculo íntimo de Angelini y hasta ahora director de Corpesca, como gerente general de esta compañía, en reemplazo del renunciado Mujica. Fuentes al interior del grupo precisan que este nombramiento es una clara señal de “intervención” del directorio y de su decisión de involucrarse en la gestión de la compañía ante este complejo escenario, y de no tener una actitud pasiva.
Elgueta (64, ingeniero civil) lleva décadas en el grupo Angelini. Ha ocupado puestos de primera línea en diversas empresas de este conglomerado y, en particular, vinculado al ámbito pesquero por su expertise: ha sido gerente general de Pesquera Eperva, la matriz desde la que se desprenden los negocios pesqueros, la misma filial Corpesca y la coligada Orizon.
¿Cuánto durará la investigación de la fiscalía? No hay plazo, pues aún es una indagación sin formalizados, precisan desde la fiscalía en Tarapacá.
“El Mercurio” intentó, sin éxito, comunicarse con Francisco Mujica.
Financiar la política La noticia de que una diputada independiente habría recibido dineros de una empresa pesquera, un tiempo antes de votar la ley del sector, vuelve a poner bajo la luz las viejas relaciones entre dinero y política.
El caso aún no está del todo claro. Al parecer, habría recibido el dinero fuera de un período de campaña. Tanto esta circunstancia, como la de ser ella independiente, son aquí relevantes.
En Chile, el dinero y la política están regulados solo para las campañas. Hay tres tipos de aportes: anónimos, reservados y públicos. El reservado es interesante porque aplica a las donaciones políticas el mismo secreto que posee el voto. En el voto, el secreto permite votar con libertad sin riesgo de cohecho. En las donaciones permite donar con libertad, sin riesgo de corrupción.
Si bien fue un avance importante, la actual regulación tiene algunos problemas. Uno es que favorece a las personas jurídicas, no a las naturales. Las primeras tienen beneficios tributarios para donar que las segundas no poseen. ¿Cómo arreglar esto? Algunos dicen que prohibiendo a las empresas donar. Las empresas no votan, argumentan, ¿Por qué habrían de donar a las campañas?
Pero ocurre que, como una vez le oí decir a Arturo Fontaine, las empresas no van al teatro y pueden, sin embargo, hacer donaciones “culturales” con beneficios tributarios. ¿Por qué a la política no, si de esta se derivan bienes públicos tan importantes como los de la cultura?
En lugar de prohibir, mejor incentivar también las donaciones de personas naturales. No es fácil. Un crédito contra el impuesto a la renta o contra el IVA: será regresivo (solo los más ricos pagan renta) y difícil de administrar.
Más viable parece un mecanismo de “matching funds”: por cada peso donado, el fisco pone otro o parte de él. Así habría un incentivo a donar y los candidatos saldrían a buscar donantes, aunque no sean ricos. Una democracia funciona mejor con muchos donantes chicos, que con pocos grandes.
Y otro problema de la regulación es que se limita a las campañas, sin abarcar a los partidos fuera de campaña. En una democracia representativa, el trabajo de los partidos es un bien público, por lo que es razonable que el Estado contribuya a financiarlo. Ya lo hace para las campañas, pagando una cantidad por voto obtenido. A cambio de buenas prácticas, debería hacer lo mismo para los partidos.
Con partidos funcionando bien detrás de los legisladores, es más difícil vender votos.
Empresas y donaciones políticas Buena parte de la literatura especializada demuestra que los límites al gasto y a las donaciones suelen ser promovidos en nombre del interés público. Sin embargo, son típicamente barreras de entrada que los incumbentes establecen frente a los candidatos desafiantes.
El incumbente tiene gran ventaja en la competencia sobre el desafiante, quien debe gastar muchos más recursos para darse a conocer y recuperar la “ventaja” que le lleva el primero.
En esta materia, se suelen confundir —interesadamente— cosas bien distintas: una cuestión es la configuración de figuras delictivas (cohecho o tráfico de influencia), las que deben ser sancionadas como cualquier delito, y la otra, bien distinta, es utilizar esto como excusa para establecer un sistema de financiamiento estatal o limitar el financiamiento privado solo a las personas naturales, dejando fuera a las empresas, sindicatos y ONGs.
Lo relevante es que las reglas de donaciones por parte de las empresas estén sujetas a estándares de transparencia exigentes, lo que sí sucede hoy en Chile respecto de las normas de gasto electoral, al establecerse un complejo sistema de donaciones en tres niveles: anónimas, reservadas y públicas, dependiendo de los montos. Junto con ello, hay además normas estrictas respecto del órgano que debe aprobar la donación.
Algunos sostienen que toda donación debiese ser pública, no reservada. Es una opción; sin embargo, es amplia la evidencia que demuestra que la transparencia total suele venir acompañada de extorsión y represalias cuando las donaciones son a la vereda política opuesta de la autoridad de turno.
Respecto de las donaciones a los partidos en épocas no electorales, acaba de ingresar un proyecto de ley que reforma sustantivamente la Ley de Partidos Políticos, que abre una oportunidad valiosa para elevar los estándares de transparencia.
Además de que ya hay una regulación razonable en la relación empresas-política, no hay que olvidar que la Constitución Política ampara las donaciones de las compañías en el marco de la autonomía de las sociedades intermedias, la libertad de asociación y de expresión.
