domingo, 10 de febrero de 2013
Claudia Ramírez Friderichsen
Economía y Negocios
La deuda vigente representa más de un sexto del presupuesto nacional del magisterio.
Diez años han pasado desde que se destapó el escándalo financiero más grande en la historia del país. El caso Inverlink estalló en febrero de 2003, cuando Carlos Massad, en ese entonces presidente del Banco Central, descubrió que su secretaria Pamela Andrada le enviaba correos electrónicos con información confidencial a Enzo Bertinelli, gerente general de la corredora de bolsa Inverlink. Este es recordado como un experto en números, mientras que el mandamás del holding, Eduardo Monasterio, es recordado como afable, carismático y optimista.
Eso, hasta que estalló el caso. Después de eso vino una seguidilla de acusaciones políticas, millonarias deudas impagas y un proceso judicial que se extiende hasta hoy.
Entre las víctimas hubo personas e instituciones como Corfo, en ese entonces liderada por Gonzalo Rivas, con US$100 millones de pérdida de la época. También fue perjudicada la Municipalidad de Coronel, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), la Mutual del Ejército y Aviación. Estas tres últimas calcularon pérdidas por unos $2.480 millones de ese entonces. Y la Municipalidad de Viña del Mar y al Colegio de Profesores, perdieron más de $1.500 millones y $1.280 millones respectivamente, que aún tratan de recuperar.
Municipalidad de Viña todavía espera sus $1.500 millones
"Fui al edificio muy temprano en la mañana, el primer día en ya no había nadie en las oficinas, sólo acreedores afuera esperando. Ya no estaban los ejecutivos, sólo empleados. Nos entrevistamos con la ejecutiva de cuentas que nos daba todo tipo de explicaciones, porque ella también estaba dentro de las personas engañadas. En las oficinas estaba todo revuelto y los empleados no sabían mucho que hacer". Así recuerda Mario Araya, director jurídico de la Municipalidad de Viña del Mar, la visita que hizo al edificio de Inverlink en Apoquindo en marzo de 2003, apenas conocido el escándalo.
La municipalidad había hecho inversiones con Inverlink Corredora de Bolsa S.A. El 5 de febrero de 2003 el municipio invirtió $1.500 millones, cuyo vencimiento era el 19 de febrero de ese año. Llegada esa fecha, la municipalidad renovó la inversión, esta vez por $1.502.800.640 con vencimiento para el 5 de marzo de 2003. Esta última suma nunca ha sido recuperada por parte del municipio.
La forma de operar con Inverlink era con el Sistema de Inversiones con Pactos de Adquisición de Instrumentos Financieros, que en el fondo eran depósitos a plazo. En palabras simples, la municipalidad depositaba en la cuenta corriente bancaria a nombre de la corredora de Inverlink una determinada suma. A su vez, la corredora emitía un documento llamado "venta con pacto de adquisición de instrumento financiero", que daba cuenta de la inversión realizada y constituía un respaldo legítimo del municipio -cuenta Araya- para requerir el rescate de lo invertido, cuando llegaba la fecha de vencimiento. El rescate del dinero se hacía mediante la emisión por parte de la corredora de un nuevo documento, llamado "recompra de instrumento financiero". Fueron estos documentos los que se extraviaron y que no le permitieron recuperar su plata al municipio.
Viña del Mar operó con el grupo encabezado por Monasterio sin problemas desde 2001 y hasta febrero de 2003. Pero una vez conocidas las irregularidades, la municipalidad viñamarina, y Jorge Kaplán, su alcalde en ese entonces, fue una de las primeras instituciones que puso una querella en contra de Inverlink.
Luego se sabría que el alcalde Kaplán recibió una llamada de parte de Álvaro García (ex ministro de Economía y ex embajador) para que no retirara los fondos del municipio en Inverlink. Esto detonó un proceso judicial del que García fue liberado de todo cargo penal.
¿Por qué eligieron a Inverlink? "En esa época daba mejores números que el resto del sistema bancario", responde Araya.
Hoy el municipio es asesorado por el abogado Juan Pablo Hermosilla.
Profesores: deuda incobrable por $1.280 millones
Pese a los años, recordar el episodio de Inverlink sigue generando debates y acusaciones cruzadas en el magisterio.
La fallida corredora mantiene hasta hoy una deuda de $1.280 millones con el gremio por acciones de la AFP Magister (que el Colegio de Profesores vendió al grupo financiero) y por un préstamo de $350 millones que hicieron al holding que encabezaba Monasterio. La suma no es menor. Para hacerse una idea, el presupuesto del gremio para todas las regiones es de $6 mil millones para 2013.
Jorge Pavez, presidente del gremio en ese entonces y hoy protesorero, cuenta que se desprendieron de la AFP Magister en dos operaciones. Una, realizada antes del año 2000, y otra hecha ese mismo año. Según Pavez, la venta de la primera parte de las acciones (cerca de 49% de la AFP) a Inverlink se había pagado sin problemas. Por eso, nada hacía presagiar que habría inconvenientes en la segunda operación.
La decisión de vender completamente la AFP fue tomada por la asamblea del gremio -dice Pavez-, a la luz de antecedentes comerciales y políticos. "En el año 2000, cuando sale electo Lagos, planteo la perspectiva de saber qué es lo que está pensando el nuevo gobierno respecto del tema de la AFP, si pretenden provocar cambios en el sistema de pensiones y si existe alguna posibilidad de futuro de nuestra AFP", recuerda Pavez. "Me reúno con Ricardo Solari y Marigen Hornkohl (ministro del Trabajo y subsecretaria de Previsión Social de la época) y les pregunto derechamente". La respuesta fue que el gobierno no haría cambios en el sistema y que "para poder sobrevivir necesitábamos tecnificar, reducir personal e invertir recursos". Por ello prosperó la idea de vender, asegura Pavez.
Pero una vez conocido el escándalo, viene "la tortura" para el magisterio. Especialmente, cuando se sabe que habían sido sustraídos documentos de Corfo para pagar a deudores de Inverlink. En se momento, Pavez asegura que inició una "cruzada personal" para ubicar al Colegio de Profesores entre los principales acreedores. "Se provoca una situación muy injusta dentro de los acreedores, porque quien defendía a Corfo era Hinzpeter, hoy ministro de Defensa. Nosotros teníamos contrato, fuimos estafados por Inverlink junto con otras personas que tenían contratos. En cambio, Corfo fue estafada por sus funcionarios", señala.
Caso divide al magisterio
Pero Juan Soto, tesorero nacional del gremio, tiene una versión muy distinta de lo ocurrido. Soto explica que el gremio había cedido en garantía esos 39 millones de acciones de la AFP a la espera del futuro pago por parte de Inverlink, pero Pavez decidió levantar la prenda de garantía por los 39 millones de acciones. En términos prácticos esta decisión de Pavez se tradujo en que el magisterio dejó de ser prioridad para recuperar su patrimonio después de la quiebra de Inverlink, dice Soto. "Llegó a tal la ingenuidad en su momento que Pavez transformó los 39 millones de acciones en seis pagarés endosables, lo que no tiene ningún valor", dice Soto.
A esa deuda se sumaron $350 millones del gremio que, según Soto, Pavez, le prestó directamente a través de un cheque a Eduardo Monasterio. ¿Por qué? "A título de la relación impropia que existía entre el colega Pavez y el señor Monasterio", asegura Soto.
Jorge Pavez desestima estas acusaciones y dice que tienen un origen político para desprestigiarlo, pues cuando estalló el escándalo él había roto relaciones con el PC. Indica que el gremio siempre estuvo "al final de la fila" entre los acreedores, pues Corfo era prioridad. Y respecto de una supuesta relación con Monasterio dice: "No teníamos ningún grado de contacto de ninguna naturaleza. Teníamos una relación comercial", plantea.
Sobre el préstamo de $350 millones explica que no era un préstamo personal a Monasterio sino a Inverlink, a cambio de intereses atractivos.
El abogado Aníbal Palma representa al magisterio en el juicio todavía pendiente de resolución.
