A última hora de anoche dimitieron el vicepresidente Wayne Brownlee, José María Eyzaguirre y Alejandro Montero.


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Los tres directores elegidos con los votos de PCS renuncian a la mesa directiva de SQM

miércoles, 18 de marzo de 2015
Leslie Ayala y Cristián Rodríguez

En una decisión que supone el quiebre definitivo dentro del directorio de SQM, tres de sus ocho integrantes presentaron a última hora de anoche las renuncias a sus cargos.

Se trata del vicepresidente Wayne Brownlee y de los directores José María Eyzaguirre y Alejandro Montero, los tres elegidos con los votos de la canadiense Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), empresa que tiene el 32% de la propiedad de la minera no metálica que encabeza Julio Ponce.

Las renuncias ponen la nota más álgida de un conflicto que solo ha ido en escalada en los últimos días, después de que la empresa comenzó a ser investigada por boletas destinadas al financiamiento de campañas políticas.

"El Mercurio" contactó anoche a José María Eyzaguirre, quien confirmó su renuncia y comentó de forma muy breve la razón de su salida: "Más allá de SQM y de su investigación, no están dadas hoy en Chile las condiciones para que la compañía haga lo que tiene que hacer", aseguró el abogado y socio del estudio Claro y Cía.

Según trascendió, la renuncia de los tres directores se explica por los conflictos y tensiones que se han producido desde el ambiente externo a la empresa, como también desde su seno interno.

Los otros directores de SQM son Julio Ponce Lerou, Hernán Büchi, Patricio Contesse Fica, Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmán.

El quiebre del directorio se suma a la solicitud de renuncia hecha el lunes por esta mesa al ahora ex gerente general de la compañía, Patricio Contesse, quien llevaba 25 años en la firma.

La salida del ejecutivo se mezcla también con la polémica generada por la negativa de SQM de entregar información a la Fiscalía. Esta historia se inicia cuando el lunes 9 de marzo los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, junto con un equipo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), se constituyeron en las oficinas de SQM.

Tras una breve reunión con el fiscal interno de la firma, Matías Astaburuaga, se acordó la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014, lo que ocurriría el 11 de marzo, según aseguran partícipes de esa cita en el edificio corporativo de Las Condes.

Sin embargo, este acuerdo no se cumplió y SQM citó a una sesión extraordinaria de directorio, para definir si colaborarían en forma voluntaria con la Fiscalía. Para ello, pidieron una primera opinión legal al estudio de Luis Ortiz Quiroga, quien planteó que SQM debía entregar los antecedentes requeridos.

Pese a esto, el directorio decidió -con oposición de PCS- no entregar la información, citando a una nueva reunión, y encargando al estudio legal de Gabriel Zaliasnik su opinión, que planteó que lo recomendable era esperar, ya que la fiscalía no contaba con una denuncia o querella del SII que avalara la incautación de la información.

Esta postura primó, llevando a la Fiscalía a determina acudir al tribunal y solicitar una medida intrusiva: allanar las oficinas de SQM para hacerse de los documentos, situación que quedó en suspenso, tras la intervención del Tribunal Constitucional (TC), que paralizó la tramitación de la arista del caso Penta que involucra a SQM.